El fiscal Abraldes, a cargo de la Fiscalía Criminal de Instrucción N° 24, solicitó al juez Omar Aníbal Peralta la elevación a juicio de la causa en la que se investigó a los agentes de la Policía Federal Silvio Bellato y Mauro Scaglione y a los abogados Rodolfo Iglesias y Cristian Callegari por extorsionar a un empresario.

Tal como había adelantado FISCALES cuando los entonces imputados fueron procesados, Iglesias y Callegari conocían la situación patrimonial y el conflicto que el empresario tenía con un socio por ser sus abogados. Como mantenía una deuda con ellos por honorarios, la hipótesis es que habrían ideado y ejecutado un plan junto a los policías, ya que el primero conocía a Scaglione por haber sido su letrado en varias oportunidades. A su vez, Scaglione conocía a Bellato de cuando fueron compañeros en la División Análisis Delictivo de la Policía Federal.

Para la fiscalía, en la investigación se comprobó que los abogados “pergeñaron una compleja maniobra extorsiva en contra de su cliente, aprovechando toda la información suya que tenían y beneficiándose patrimonialmente de tal situación al igual que sus consortes -Bellato y Scaglione-, a los que invitaron a participar”.

Los hechos

El 3 de febrero de 2011, Bellato y una persona que no pudo ser identificada se presentaron en la firma de F.P., en La Tablada, con elementos y credenciales de la Policía Federal, para anunciar un allanamiento y secuestro en el lugar. Expresaron que si el juez lo dispusiera, podrían llevarse detenidos al titular de la empresa, a su mujer e hijos; respaldaban esa supuesta orden con los oficios respectivos y un expediente labrado por la Policía. A cambio de no llevar a cabo el procedimiento exigieron 400 mil dólares. Tal como se comprobó durante la investigación, llegaron al lugar los abogados de la víctima, quienes señalaron que esa orden de allanamiento efectivamente existía, por lo que sugirieron a su cliente que entregue una suma de dinero. Acordaron que F.P. les daría 100 mil dólares y su auto.

En los días siguientes se encontraron varias veces en la Capital Federal. F.P. efectivamente entregó su auto, cheques por cien mil pesos y dinero en efectivo en moneda extranjera por un equivalente a doscientos mil pesos. A cambio recibió un expediente con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Morón - la fiscalía constató la inexistencia de causa alguna- que los letrados le sugirieron lleve a su casa: “Menos mal que pudimos arreglar, sino hubiera sido un dolor de cabeza” le dijeron. Ese sumario fue labrado en la División Fraudes Bancarios, en donde trabajaba Bellato al momento de los hechos.

Posteriormente, recompró su auto a los extorsionadores con cheques. Y en otra reunión, el policía Scaglione le ofreció un servicio de “protección” para evitar que prosperasen los allanamientos, diciéndole “que si no ponía el dinero le iban a seguir las causas”. La víctima accedió a pagar 4.500 pesos por mes, lo que hizo en 7 u 8 oportunidades.

Defensas que se cayeron con las pruebas

En las declaraciones indagatorias los involucrados negaron los sucesos que se le atribuyeron y brindaron sus propias versiones, señalando vínculos laborales para justificar los contactos que mantuvieron entre sí; los abogados  acusaron al empresario de ser “un gran mentiroso”; el policía Bellato dijo que no acudió a la empresa pero imágenes fílmicas demostraron lo contrario y se incorporó un audio en el que hacía alusión a su participación en el hecho, entre otras cosas; a Scaglione (que estuvo imputado en un caso de características similares) se le detectó que endosó los cheques utilizados para recuperar el auto. Esas “disquisiciones -marcó Abraldes- no resisten tampoco mayor análisis”.

La conducta atribuida a los implicados, para la fiscalía, “se encuadra en el delito de extorsión que concurre en forma ideal con el delito de uso de documento público falsificado; por los que deberán responder en calidad de coautores”.