El 15 de julio pasado, los fiscales federales a cargo de las fiscalías federales 1 y 2 de Lomas de Zamora, Adrián García Lois y Sergio Néstor Mola, junto con los defensores públicos oficiales ante los juzgados federales de la misma ciudad, Nicolás Toselli y Guillermo Todarello, presentaron, ante el juzgado federal a cargo de Alberto Santa Marina, un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de la totalidad de los detenidos alojados en los Complejos Penitenciarios Federales I y IV de Ezeiza; de la Colonia Penal de Ezeiza (Unidad N° 19), y del Centro Federal de Detención de Mujeres de “Ntra. Sra. Del Rosario de San Nicolás”, Unidad N° 31, todos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La medida, que a más de tres meses de requerida aún no tuvo resolución judicial por parte de Santa Marina, es novedosa en el país. Es una de las primeras veces que se busca, con este tipo de acción, reducir los niveles de violencia institucional en un establecimiento penitenciario y, a la vez, para lograr ese fin, se sugieren propuestas. "No nos hallamos en presencia de reiterados casos aislados de hechos de violencia, sino en una práctica de violencia estructural", advirtieron en la presentación.

Un antecedente sobre el tema, asimismo, se puede encontrar en la reciente puesta en funcionamiento de la mesa de diálogo en Neuquén, donde se buscan fines similares para la unidad 9 de esa provincia.

El habeas corpus fue interpuesto casi un mes antes de la fuga de trece internos, ocurrida el 20 de agosto pasado, y de que se produjeran algunos de los más graves casos de violencia institucional ocurridos en el último tiempo en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, como el suicidio de un detenido en el marco de un presunto abandono de persona y las torturas y discriminación contra las personas alojadas en los pabellones para internos e internas de identidad autopercibida travesti, transexual, transgénero, gay y lésbica.

Cámaras de seguridad y médicos

Los fiscales y defensores solicitaron que se pusiera en conocimiento del Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal y de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “que deberán tomarse todas las medidas posibles para instrumentar los medios necesarios” que logren “reducir el nivel de violencia institucional y de violencia entre internos, poniendo en práctica las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Mínimas ONU -Regla 54-)”.

En este sentido, pidieron que se instalen cámaras de seguridad en todos los pabellones y lugares de las cárceles de Ezeiza por donde permanezcan o transiten los internos. También requirieron que las filmaciones queden registradas por el término de treinta días, y que siempre se pueda identificar de forma fehaciente el día y la hora a los que pertenezca cada imagen. Con esto, se pretende conseguir un monitoreo eficaz del lugar. Vale reiterar que el pedido se hizo con más de un mes de antelación a la fuga de los trece detenidos del penal. Por lo tanto, en el hábeas corpus, así como en otras presentaciones incluso más antiguas, ya se había denunciado el sistema deficitario de cámaras de seguridad que había en Ezeiza.

Los magistrados asimismo instaron a la justicia a que en un término de treinta días se relocalice al personal penitenciario que se encuentre imputado por la participación en delitos de violencia institucional, de manera que no mantengan contacto directo con internos.

Por otra parte, pidieron que se asigne, en forma urgente, un médico permanente en el interior de las cárceles de Ezeiza, que no dependa del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que cumpla con el control de los Servicios Médicos establecidos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Semanas después de la presentación de esta acción, el fiscal García Lois había dado cuenta de un caso sucedido en el 2010, en el que un preso había fallecido producto de golpes aplicados, en principio, por los guardias del penal. En esa oportunidad, como en tantas otras, la víctima, luego de la agresión, jamás recibió la atención médica necesaria para sobrevivir.

Mesa de diálogo

Una de las novedades que se encuentran en esta presentación inédita fue el pedido de conformación de una mesa de diálogo. Los fiscales y defensores oficiales entendieron que resultaba necesario “el establecimiento de una instancia de ejecución en la que, a través de un mecanismo de diálogo entre todos los actores involucrados, pueda determinarse -y controlar [el juez]-, el modo en que la Administración podrá hacer efectivo el mejoramiento de la detención de personas en condiciones oprobiosas en un ámbito de excesiva cantidad de hechos de violencia”.

La mesa, aclararon, debería estar integrada por todos los actores involucrados en el conflicto. Además, pidieron que intervenga Sergio Delgado, ex juez de ejecución penal y actual director del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con amplia experiencia en trabajos e investigaciones en relación con personas en situación de detención.

También postularon la invitación a autoridades de la Facultad de Psicología de la UBA, a fin de que colaboren con la búsqueda de mecanismos de reducción de la violencia, y presten asistencia terapéutica para brindar una nueva opción superadora del tratamiento penitenciario a los internos que estén dispuestos a realizar la terapia adecuada.

En esa línea, los magistrados indicaron en su presentación que buscan “convocar a una Mesa de Diálogo con las partes intervinientes en la presente acción, sin perjuicio de la eventual participación de  otros integrantes y/o asociaciones que deseen incorporarse para aportar conceptos y soluciones en un ámbito de discusión, y que evalúen la elaboración de un plan que permita dar solución a la problemática vista en la presente acción, y controlar en forma conjunta y/o indistinta el cumplimiento de las medidas que [el juez] ordene, sobre las cuestiones que las partes podamos proponer”.

Para esto, también propusieron que se invite a participar a representantes de la Procuración Penitenciaria, del Centro de Estudios Legales y Sociales, así como a cualquier otro organismo o autoridad pública que considere que puede estar interesado o resulte fundamental para participar en la búsqueda de soluciones, o tener injerencia en las que puedan discutirse.

Oficina judicial

Además de invitarlos a participar en la mesa de trabajo, solicitaron al juez que se pusiera en conocimiento de funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación la necesidad de discutir la creación de una oficina judicial dentro del Complejo Penitenciario Federal, con competencia en todas las cárceles de Ezeiza.

La dependencia, propusieron, estaría conformada con personal del Poder Judicial y de los ministerios públicos, para tomar los reclamos y las declaraciones de los detenidos en el mismo lugar de alojamiento. Destacaron, además, que la oficina implicaría un beneficio para todas las partes: en la actualidad, el sistema de traslado resulta ineficiente, y carece de medios materiales para cumplimentarse de manera adecuada. Propusieron, finalmente, que la oficina pueda tener la facultad de intervenir en las cuestiones administrativas y del régimen carcelario, actuando como nexo entre los internos detenidos y los jueces que analizan sus situaciones.

"Violencia estructural"

Los magistrados destacaron que la idea de la presentación conjunta surgió a partir de encontrar una solución a la problemática diaria y sistemática que aqueja las cárceles de Ezeiza. Según advirtieron, “no nos hallamos en presencia de reiterados casos aislados de hechos de violencia, sino en una práctica de violencia estructural, en donde incluso en los últimos años esa violencia fue mutando hacia la preeminencia de violencia entre internos, muchas veces direccionada o ‘tercerizada’, o cuanto menos tolerada (cuando no fomentada) por las autoridades encargadas de la prevención de estas situaciones”.

En este sentido, agregaron que “las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país. El carácter sistemático de estas prácticas no radica en la existencia de un plan deliberado de las autoridades del Estado, sino en que estos métodos ilegítimos se encuentran fuertemente arraigados en las rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Por todo esto, concluyeron que resulta “indiscutible el deber y función del Poder Judicial frente a la amenaza o vulneración de los derechos de las personas detenidas”, como lo es la situación de los alojados en las cárceles de Ezeiza. Sobre esa base, entendieron que “no puede desconocerse que por la gravedad que revisten las circunstancias expuestas a nivel institucional y el consecuente impacto que generan en seres humanos, especialmente en estas situaciones de las cuales frente a esta relación asimétrica que los coloca en situación de extrema vulnerabilidad [ante el] poder estatal, materializada en el accionar de los funcionarios públicos bajo quienes se encuentra su guarda, no deja admitir bajo ningún aspecto que se toleren prácticas como las que se han corroborado, generalizadas en toda o la gran mayoría de los alojados penitenciarios”.