La investigación se inició a partir de una denuncia efectuada telefónicamente a la central de comunicaciones de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego en la que mujer afirmó que en la calle Puerto Egmont, del barrio El Mirador de Ushuaia, en una casilla de madera fue atacada a trompadas por Cristian Juan Pablo Crespi, también conocido como el “Chinito”. Además, dijo que durante el hecho estaban presentes un grupo de personas, todas "cargadas" con droga.

La investigación se orientó a localizar el domicilio y  al “Chinito” Crespi, el presunto agresor. A partir de ese momento, el fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, formuló el requerimiento de instrucción imputando al acusado y solicitó diversas medidas de investigación.

De esta manera, de los distintos seguimientos y escuchas realizadas sobre el “Chinito”, se pudieron detectar e identificar muchos revendedores de droga que trabajaban para él.

En el procesamiento, el juez señaló que a lo largo de toda la investigación realizada por el fiscal, se pudieron observar tres tipos de conductas por parte de Crespi. Por un lado, ventas de estupefacientes, que variaban entre LCD, marihuana y cocaína. Por el otro, la recaudación que el “Chinito” hacía sobre sus revendedores -Pérez, Nielles, y Ferrari, entre muchos otros-. La tercera se vinculaba con que Crespi no guardaba la droga, sino que solía encontrarse en el trabajo de Brundi, quien oficiaba como “guardador”. A su vez, durante una ausencia de Crespi por vacaciones, Brundi también fue el recaudador y abastecedor de los revendedores.

Más adelante, el juez señaló que la investigación de Rapoport consiguió probar que todos los ahora procesados “actuaron en todo momento con dolo y que gran parte de ellos eran conscientes de la asociación delictual que formaban”. En este sentido, destacó que “se pudo determinar movimientos de entrada y salida de personas, como así también, de algunos ‘pasamanos’”.

También remarcó que lo más significativo para la investigación fueron las conversaciones y el contenido de los mensajes de texto intercambiados por los acusados a través de sus celulares. “Es más, casi todos los imputados se manejaron durante toda la investigación, preferiblemente por el contenido de los mensajes de texto”, indicó.

Algunas de estas conversaciones tenían el siguiente tono: <<TI: “vas a venir ahora? Porque en menos de una hora me voy a Rio Grande…en 40 minutos me voy a Rio Grande”. VM: “como hago te doy lo que tengo aca y aguántame….en la casa tengo mas plata”. TI: “y cuánto tenés boludo”. VM: “aca tengo 12, 13”. TI: “…te doy como mil , boludo, te dejo dos mil, a dos mil pesos nomas te dejo los 25 gramos boludo...”>>.

<< “che Yoni la q tenes vos es de tiza o piedra?. (P A): “tiza amigo”. Origen: “ok… hola amigo puede veni a busca”.>>

También, estaban las conversaciones que evidenciaban el tema del dinero. Decían cosas como las siguientes: <<(tel 1): “traeme la guitarra, (tel 2):“bancame q me tiene q traer un poco mas entre hoy y mañana, (tel 1): “y los 7 q me tenías q traer”, (tel 2): “por eso hay 4 q me lo tienen que dar ahora se está haciendo el gil, y otro q me debía 3 se hizo el gil y no lo puedo encontrar por ningún lado al puto”>>.

Como consecuencia de los allanamientos, en los que estuvo presente el fiscal Federal, se secuestró cocaína, elementos de corte, troqueles de LSD y pastillas de éxtasis, junto a una suma cercana a los ocho mil pesos.

Esto llevó a que el juez dictara el procesamiento y la prisión preventiva por tráfico y contrabando de estupefacientes del máximo responsable de la banda, Crespi, de un detenido en el penal de Ushuaia, y de Natacha Agostina Gallardo, Nahuel Moreno, Guillermo Inda y Leandro Ezequiel Barrionuevo.

En diálogo con Fiscales, Rapoport destacó que los procesamientos y detenciones ordenadas eran “un buen mensaje para la sociedad”.

Imputación del director del servicio penitenciario provincial

Además, durante la investigación se comprobó que la adquisición de la cocaína se efectuaba en el norte del país y que su intermediario para la operación era un hombre detenido en la Unidad Penal de Ushuaia. Esto llevó a que uno de los allanamientos se realizara en la unidad. Sin embargo, el día en el que se realizó el procedimiento, no se pudieron encontrar los teléfonos celulares con los que se comunicaba el preso. Recién al día siguiente, esos aparatos aparecerían luego de una ronda de control del servicio penitenciario.

El operativo en la unidad de detención motivó a que en ese mismo momento, Rapoport solicitara la imputación del director del Servicio Penitenciario provincial, Diego Vernáz, del jefe y del subjefe de la Unidad de Detención de Ushuaia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por haber ayudado a ocultar pruebas vinculadas a un delito. También solicitó que se detuviera a estas tres personas, pero hasta el momento se aguarda a que el juzgado se expida sobre esas medidas.