Tres mujeres, entre ellas una madre que escondió unos dos kilos de cocaína debajo de la ropa de su hija de 7 años de edad, fueron imputadas formalmente por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de caso Complejos de la Unidad Fiscal Salta, en una audiencia dirigida por el juez federal de Garantías Julio Bavio, quien hizo lugar a los pedidos de la fiscalía.

A instancia de los argumentos expuestos por el fiscal, el magistrado dio por legalizada la detención de las tres acusadas, como así también la acusación penal en su contra por los delitos de transporte de estupefacientes agravados, tanto por el número de intervinientes como por la utilización de una persona menor de edad.

Asimismo, y en cuanto a una de ellas, apuntada como la de mayor “escalafón” en la maniobra de narcotráfico, Toranzos solicitó que se sume el delito de uso de documento falso. La imputación fue aceptada por el juez, quien también hizo lugar al pedido de prisión preventiva de las tres mujeres.

Por pedido de la fiscalía, también se dispuso un plazo de investigación de 31 días, idéntico tiempo para la prisión preventiva y la realización de peritajes y otras diligencias complementarias en torno a la maniobra de transporte descubierta.

Frente a la situación vulnerabilidad de la niña, y ante el pedido del fiscal a fin de que se ordene la realización de informes ambientales y se verifique su situación la de otras personas menores de edad convivientes en el grupo familiar de la acusada, el juez accedió a este pedido y ordenó que se dé intervención a la Secretaría de la Niñez de la provincia de Salta.

El juez dispuso un plazo de investigación de 31 días, idéntico tiempo para la prisión preventiva y la realización de peritajes y otras diligencias complementarias.

Miércoles a las 5.00 en la ruta 5

Al presentar los detalles del caso, Toranzos, acompañado por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella, explicó que el 18 de noviembre pasado, a las 5.00 de la madrugada, un control de rutina en la ruta 5, a la altura de General Pizarro, en el sur de la provincia, detuvo un remís que transportaba de norte a sur a tres mujeres.

Cuando se solicitó el descenso de las pasajeras, una de las dos mujeres que iban el asiento trasero arrojó a un costado un paquete con el estupefaciente. La situación fue advertida por el personal de la Gendarmería Nacional, a cargo del control del vehículo.

Al quedar en evidencia, la mujer, que llevaba consigo a su hija de 7 años, indicó que la niña tenía adosado a su cuerpo otros dos paquetes con cocaína, mientras que la otra ocupante, identificada como Noemí Carrasco Flores, también reconoció el transporte de cocaína oculta debajo de la vestimenta.

La mujer que iba adelante, de mayor edad y sindicada como de mayor jerarquía en la maniobra, no llevaba droga encima. Aportó tres identidades distintas cuando debió identificarse; incluso, al momento de la audiencia aportó un nuevo número de cédula de identificación.

“En la primera oportunidad, la acusada dijo llamarse Elizabeth Flores Cali, de nacionalidad boliviana y residente en ese país; sin embargo, al verificar su nombre, el número de documento aportado, las autoridades de ese país desconocieron los datos, instancia en que brindó otra identidad y dijo llamarse Elizabeth Flores Calle”, explicó Toranzos.

“Esto no fue todo, pues al investigar el derrotero de las acusadas, quienes salieron de Orán con destino a Salta, se estableció que las tres estuvieron hospedadas juntas en un hotel de esa ciudad, donde Flores Calle se identificó como Mariela Ferreyra”, agregó.

A ello, sumó el hecho de que la mujer ya cuenta con antecedentes penales en materia de narcotráfico. Señaló que en el cuadro delictivo es evidente que Flores Calle ostenta un mayor “escalafón” en la gestación y disposición de la maniobra utilizada y a partir de la cual se intentó el transporte de la droga.

La fiscalía, al exponer el caso, dejó en claro la sospecha de que Flores Calle fue la responsable de contratar a las otras dos mujeres detenidas para que se presten al transporte de la droga, mediante la modalidad de adosar la sustancia en su cuerpo, ya sea en el abdomen o partes íntimas.

El fiscal también le asignó responsabilidad en la coordinación del viaje y la contratación del remís que la transportaba de Orán a Salta, donde debían tener contacto con otro eslabón de la cadena de narcotráfico.

La fiscalía ponderó que se pudieron reunir elementos que prueban que las tres imputadas se conocían de antemano, no eran pasajeras en un viaje circunstancial y que se prestaron de manera consciente a la maniobra.

Poco más de 4 kilos

En cuanto a Carrasco Flores, el fiscal señaló que la imputada hizo entrega de un paquete de droga que llevaba al momento de ser detenida, sustancia que se identificó como cocaína en un peso de 1.500 gramos. En cuanto a la mujer que viajaba junto a su hija, cuya identidad se preserva para no afectar a la niña, transportaba otros 500 gramos del mismo estupefaciente.

La niña llevaba adosado a su cuerpo cuatro paquetes que pesaban un total de 2 kilos, con lo cual el material estupefaciente secuestrado ascendió a poco más de 4 kilogramos de cocaína.

Respecto a las pruebas que sustentan la acusación, Toranzos sostuvo que en el breve lapso se pudieron reunir suficientes elementos que prueban que las tres se conocían de antemano, no eran pasajeras en un viaje circunstancial y se prestaron de manera consciente a la maniobra delictiva.

Indicó además que al momento del procedimiento se secuestraron teléfonos a las acusadas, los cuales aún deben ser sometidos a peritajes. También restan cumplir otras medidas de prueba que permitirían conocer la maniobra con mayor profundidad. En vista de ello, el representante del MPF solicitó un plazo de investigación de 31 días.

Prisión preventiva

Al momento de evaluar las medidas de coerción, el fiscal requirió la prisión preventiva de las tres mujeres. Y para ello señaló, en el caso de Flores Calle, que surge evidente su reticencia a aportar su verdadera identidad y la imposibilidad de verificar arraigo o procedencia, además de que cuenta con antecedentes por delitos similares.

En cuanto a Carrasco Flores, el fiscal valoró que aportó un domicilio en el vecino país de Bolivia, en el cual residiría. Sin embargo, precisó Toranzos, esa dirección no pudo ser verificada por las autoridades bolivianas, por lo que consideró latente el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal.

En el caso de la mujer que utilizó a su hija para el transporte del estupefaciente, el fiscal agregó a los fundamentos ya expuestos con respecto a las otras dos detenidas, la grave situación de vulnerabilidad de la niña utilizada para ocultar la sustancia de tráfico.

Indicó que, de forma previa a que la madre vuelva a tomar contacto con la niña y otros hijos menores de edad, es necesario llevar a cabo un informe ambiental que permita garantizar que no continuarán en riesgo.

El fiscal agregó que la mujer reside en Salvador Mazza, en una zona próxima a la frontera, y que registra numerosos ingresos y egresos del vecino país, incluso por pasos no habilitados legalmente, lo cual convierte en más riesgoso el peligro de fuga.

Las tres imputadas prestaron declaración. La mujer detenida con su hija sostuvo que debía reunir dinero para el tratamiento de salud de un familiar.

Pedido y rechazo de prisión domiciliaria

Asistidas por el defensor oficial Martín Bomba Royo, las tres imputadas prestaron declaración. En primer lugar, Flores Calle trató de atenuar la situación en torno a las tres identidades aportadas, tras lo cual aseguró que no sabía que las otras dos mujeres llevaban droga y que el motivo de su viaje a la capital salteña era cobrar una deuda y comprar mercadería.

Carrasco Flores, en tanto, reconoció que accedió por cuestiones de necesidad a transportar la droga y que lo hizo por una suma de 450 dólares, pues debía reunir dinero para mandar a Bolivia para asistir a un hijo que sufrió un accidente.

La mujer detenida con su hija, en tanto, sostuvo razones similares a la anterior, ya que dijo que debe reunir dinero para un tratamiento de salud de un familiar. A su vez reconoció y sindicó a la mujer que la habría contratado y el dinero pactado por su participación en la maniobra.

Bomba Royo, sin controvertir las pruebas reunidas respecto al accionar de las acusadas, solicitó el arresto domiciliario para la joven madre detenida con su hija, circunstancias en que fundamentó su planteo en la necesidad de que la niña y el resto de los niños estén bajo el resguardo de su progenitora.

Puso en dudas la guarda asumida por un hermano de la acusada, a quien definió como “malo”. La fiscalía, en tanto, recordó que, tras ser arrestada, la imputada consintió la entrega de su hija a su hermano y al padre de la niña, sin haber señalado riesgo alguno.

Al momento de resolver sobre la prisión preventiva, el juez finalmente se inclinó por el planteo de la fiscalía. Bavio se refirió a que existe una “matriz común” de las acusadas en el delito y señaló como muy grave el hecho de que la madre haya puesto a su hija a disposición de una conducta delictiva deplorable.

En vista de ello, autorizó la realización del informe ambiental requerido por la fiscalía, a lo que sumó la intervención de la Secretaría de la Niñez de la provincia para que verifique el estado de vulnerabilidad de los menores.