Con la intervención de la fiscal federal Laura Mazzaferri y por resolución del juez Santiago Inchausti, un hombre de 35 años fue procesado con prisión preventiva por el delito de concusión: utilizando su rol como agente de Anses exigió y cobró dádivas a al menos tres jubilados que querían realizar un trámite ante el organismo, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad marcada por la avanzada edad, el analfabetismo en uno de los casos y el desconocimiento para realizar la gestión. Se trata de Guillermo Alcaraz, quien se desempeñaba en las oficinas de la avenida Luro casi Dorrego, en el microcentro marplatense, quien también es acusado del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y  amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en uno de los casos.

La causa se inició a partir de una investigación de la Fiscalía Federal N°1, luego de una denuncia recibida en 2015. Un jubilado había relatado cómo Alcaraz le había exigido el pago de 5 mil pesos –de los 11 mil que había cobrado por una jubilación retroactiva-, luego de haberlo acompañado hasta el banco a cobrarlo. Estaban dentro de un auto en que lo había trasladado y le dijo “bueno viejo, me tenés que dar la plata de los chicos… lo que es tuyo es tuyo, lo que es nuestro es nuestro”. Más allá de las medidas probatorias reunidas y el primer procesamiento dictado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió en marzo de 2018 dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer al acusado.

Una vez que la resolución adquirió firmeza, se recibió la denuncia de nuevos casos contra el mismo empleado, por lo que el Juez Inchausti  resolvió asumir la instrucción de la pesquisa, cuyo trámite continuó con la suma de nuevos testimonios. En paralelo, Anses informó de otra denuncia similar realizada por una jubilada ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Justicia provincial, al tiempo que solicitó ser querellante en la causa. Acumulados los expedientes en el fuero federal y por pedido de la Fiscalía Federal nro. 1, se ordenó ampliar la declaración indagatoria del acusado, el registro de su domicilio y su detención, que pudo concretarse tiempo después por la decisión de Alcaraz de permanecer prófugo de la Justicia.

De esta manera se sumaron dos nuevos hechos a la causa. El testimonio de la jubilada, que había sido prestado en el fuero provincial, daba cuenta de la exigencia por parte de Alcaraz de cuatro mil pesos para gestionarle la pensión por fallecimiento de su concubino. Primero fueron 3 mil que le entregó en una bolsa en la zona de boxes de Anses y, en ese momento, el procesado le mostró un arma de fuego mientras le decía que “no hablase con nadie, que no haga quilombo, que le podría  ir mal, que la iba a matar”. Con el pretexto de finalizar el trámite le pidió mil pesos más: cuando se los alcanzó, de acuerdo siempre al testimonio de la jubilada, el joven la tomó del brazo, la llevó hasta la vereda y le mostró el arma que tenía bajo la remera.

A la tercera víctima el imputado le exigió el pago de 12 mil pesos para realizar su trámite jubilatorio. La entrega del dinero, según consta en el expediente, se dio en dos ocasiones distintas, siempre en la vereda de la sede de la Anses UDAI Mar del Plata: primero fueron 5 mil y luego 7 mil.

Para el juez estuvieron probadas las maniobras realizadas por el agente de Anses, bajo un mismo modus operandi: utilizaba como modalidad la violencia e intimidación, o la familiaridad que lo unía con las víctimas. Por otro lado, Inchausti reparó en que “todos los testimonios son coincidentes en cuanto a que Alcaraz iniciaría los trámites en forma irregular, como así también en determinadas ocasiones modificaría y/o alteraría datos con el fin de obtener dichos beneficios (…) con demoras injustificadas”. Y por último, requeriría dinero extra para la finalización y/o acelerar tales trámites.

A su vez, remarcó que las cuatro víctimas –una de ellas denunció que el trámite solicitado nunca se inició por lo que el delito que le cabe al imputado por este hecho es solo el incumplimiento de deberes de funcionario público- no son conocidas entre sí, ni realizaron trámites similares. “Sin embargo, coinciden en su relato de los hechos respecto de las maniobras con las cuales Alcaraz les requirió las sumas indebidas para realizar los trámites en cuestión. Por el contrario, su única relación es que son personas con un alto grado de vulnerabilidad, de avanzada edad y con desconocimiento en la realización de trámites en general”, sostuvo el magistrado.