La titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Ruth Cavallo, impulsó la acción penal y le requirió al juez federal de esa jurisdicción, Luis Armella, investigar si funcionarios nacionales y los responsables de las Universidades Nacionales de Quilmes, Florencio Varela y Avellaneda incurrieron en los delitos de administración infiel, fraude a la administración pública, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Tres universidades involucradas

El 9 de agosto de 2016, la Oficina Anticorrupción denunció ante el Juzgado Federal de Quilmes que había recibido una denuncia anónima que daba cuenta de la existencia de triangulaciones incompatibles en los tres convenios efectuados entre la Universidad Nacional de Quilmes y el Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión del anterior gobierno.

Así, se solicitaron informes al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que hizo saber respecto a la celebración de 19 convenios entre esa cartera y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), entre 2014 y 2015. También informó la existencia de otros tres Programas de Asistencia Técnica amparados por el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica. A su turno, la Sindicatura General de la Nación aportó un Informe de Auditoría donde señalaba distintas irregularidades. Entre éstas últimas, el organismo precisó que del análisis efectuado de los convenios "no surge la documentación que fundamente la necesidad fáctica para contratar dicho servicio, con las precisiones que permitan el monitoreo posterior en la efectiva prestación".

En virtud de todo ello, la fiscal Cavallo requirió investigar “la existencia en autos de irregularidades que se habrían presentado en el desarrollo de los Programas de Asistencia Técnica mantenidos durante los años 2014 y 2015 entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Universidad Nacional de Quilmes”, a fin de determinar si se configuraron los delitos de administración infiel, fraude a la administración pública, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Los restantes casos involucran a las autoridades de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias, durante los años 2012 a 2015.

Esa investigación es producto de la declaración de incompetencia decretada por el Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal respecto a la pesquisa desarrollada por el fiscal Guillermo Marijuán, en base a una nota periodística que daba cuenta de la existencia de un plan de desvío de fondos del Estado federal hacia ciertas universidades nacionales para su utilización en fines distintos a los propios de esas unidades académicas.

La fiscal Cavallo solicitó investigar el desvío de fondos del Estado Nacional hacia las Universidades de Avellaneda y Florencio Varela para su utilización en fines distintos a los propios de esa entidad en 2012, 2013, 2014 y 2015. Las maniobras se habrían materializado a través del giro de fondos extraordinarios de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación –no contemplados en la ley de presupuesto del correspondiente año- y a través de la firma de convenios bajo la excusa de recibir cierta asistencia técnica por parte de las casas de estudio, lo que permitía tercerizar la contratación de personas o la adquisición de bienes y servicios, por fuera de las normas y controles propios del Poder Ejecutivo.