06 de abril de 2020
06 de abril de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal Federico Grimm
Rafaela: Solicitaron juicio oral para diez acusados de integrar una organización dedicada al narcotráfico
Están imputados de comercializar estupefacientes en la localidad santafesina de San Cristóbal. Una serie de allanamientos arrojó como resultado una importante cantidad de marihuana, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía de Rafaela, Federico Grimm, solicitó la elevación a juicio de diez integrantes de una banda dedicada al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Para el representante del Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que Luis Edgardo Díaz, Genoveva Margarita Porporato, Kevin Noel Díaz, Lucas Duarte, Edgardo López, Fabio Kabobel, Dante Rodríguez, Amiel Córdoba, Diego Bulacio y María Elba Alzugaray formaban parte de una organización que comercializaba estupefacientes en la localidad santafesina de San Cristóbal, situada unos cien kilómetros al norte de Rafaela.

Las actuaciones se iniciaron el 16 de mayo de 2016, cuando la Brigada Operativa Departamental XIII de la Policía provincial puso en conocimiento la investigación sobre una persona de apellido Díaz, sobre quien se sospechaba que comercializaba y/o distribuía estupefacientes en San Cristóbal. Se supo además que tenía una carnicería en ese lugar llamada Los hermanos. En las tareas de vigilancia se detectaron movimientos que hicieron suponer transacciones con estupefacientes en el local.

A partir de las tareas de investigación desarrolladas por la policía y de las intervenciones telefónicas de los abonados a nombre de Díaz y de varias de las personas que lo frecuentaban, la investigación permitió desentrañar la existencia de una empresa criminal destinada a la comercialización de estupefacientes.

El principal acusado era el dueño de un carnicería en la localidad de San Cristobal, donde se comercializaban estupefacientes.

Según la acusación fiscal, se pudo establecer una división de roles, en la cual Díaz tenía la función preponderante al comercializar estupefacientes por sí mismo en su domicilio y en la carnicería a su nombre. Para ello, también se valía de terceras personas (como su pareja, Genoveva Porporato, y su hijo Kevin, y también a través de Duarte y Kobobel), y los estupefacientes eran provistos por intermedio de Rodríguez, que funcionaba como nexo para la compra tanto en el norte del país como en la ciudad de Santa Fe, además de oficiar como “puntero” para notificar de eventuales controles de ruta cuando viajaban para abastecerse.

Díaz era además quien abastecía a los demás imputados en la causa, cuyo principal proveedor era su cuñado Bulacio. Les pagaba una suma fija por la venta de los estupefacientes, y era quien fijaba el precio y la cantidad disponible a la venta. La mayoría de ellos comercializaba las sustancias en sus domicilios particulares, mientras que otros, como en el caso de López, también lo hacían bajo la modalidad “delivery”.

El 23 de octubre de 2016 se realizaron una serie de allanamientos en los domicilios particulares de los acusados, donde fueron secuestradas grandes cantidades de dinero en efectivo, celulares, balanzas digitales y recortes de nylon para fraccionar estupefacientes. Además, en la casa de Córdoba se encontraron cinco trozos compactos de marihuana para su comercialización.

Por este motivo, Grimm solicitó que se enjuicie a Luis Díaz, a su pareja y a su hijo, a Duarte, a López, a Kabobel y a Rodríguez  en carácter de coautores materialmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas en forma organizada. Córdoba, en tanto, deberá responder como autor materialmente responsable de la tenencia con fines de comercialización, mientras que Bulacio y Alzugaray deberán hacerlo por la comercialización de estupefacientes en carácter de coautores materialmente responsables.