La fiscal federal subrogante de la ciudad de Reconquista, Viviana Bruno Campaña, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Daniel Quinteros Pampliega, un integrante de la Policía de la Provincia de Chaco acusado de transportar más de 450 kilos de marihuana por la provincia de Santa Fe. El agente, que se encontraba bajo sanción administrativa por abuso de armas y deserción, trasladaba la droga en un automóvil con documentación vehicular apócrifa y con la numeración de chasis adulterada.

El hecho ocurrió el 1 de febrero de 2016, después de que el oficial a cargo de la sección Seguridad Vial de la localidad chaqueña de Basail informase que un vehículo Volkswagen Vento había embestido el dispositivo de control vial para luego darse a la fuga. Luego de trazar un operativo cerrojo en conjunto con Seguridad Vial provincial, se divisó pasar a ese mismo auto a alta velocidad por la ruta nacional 11, y poco después se lo encontró abandonado cerca de un restaurante, en las afueras de Reconquista, en Santa Fe.

Las tareas de vigilancia permitieron identificar a dos hombres que se dirigían al vehículo y que, al notar la presencia de personal policial, desoyeron la voz de alto y huyeron a alta velocidad, intentando embestir a uno de los agentes del operativo y poniendo en peligro la vida de los presentes en el lugar. Una hora más tarde, el auto fue encontrado sin ocupantes, por lo que se encomendó a Gendarmería Nacional realizar las pesquisas pertinentes.

Tras realizar una requisa del rodado, se encontraron, tanto en el baúl como en el habitáculo, 615 paquetes que fueron sometidos a la prueba de narcotest por el personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, que arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 469,15 kilos. A las pocas horas, se demoró a una persona que reunía todas las características de uno de los dos ocupantes del vehículo, que resultó ser Quinteros Pampliega.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, no sólo quedó acreditada la participación del imputado en el hecho, sino que ese mismo día en horas tarde de la noche, en coincidencia con el horario en el que el vehículo fue abandonado, llegó a la casa de un testigo a quien Quinteros Pampliega ubicó como su tío, pero el propio hombre negó dicho parentesco. El hombre desmintió la versión esbozada por el imputado y agregó que luego de que éste le contase estar en problemas, él le recomendó entregarse a la policía o, caso contrario, llamaría al 911, como terminó ocurriendo, y de hecho, fue este llamado el que permitió detenerlo.

A pesar de encontrarse bajo sanción administrativa por abuso de armas y deserción, para Bruno Campaña que el detenido sea un agente policial es de vital importancia, ya que si bien no pertenece a una fuerza federal específica para combatir el tráfico de estupefacientes, el artículo 31 de la ley 23.737 establece que “...efectivos de cualquiera de los organismos de seguridad podrán actuar en jurisdicción de las otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores de esta ley”. De esta manera, quedan incluidos dentro de esa regulación los policías provinciales.

El fiscal indicó que la conducta de Quinteros Pampliega encuadra en la figura de los delitos de transporte de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos por la ley 23.737.

Para la fiscal, quedó claro que el objeto del viaje era el transporte de la marihuana, la cual se encontraba distribuida en el vehículo sin demasiado ocultamiento, una maniobra que sólo puede hacer un personal policial “abusando de su función, que cuenta con mayor conocimiento y capacidad en la materia que un ciudadano común y en la creencia de que ello le daría impunidad a la hora de traspasar los controles de seguridad”. De igual manera, utilizó para el transporte de estupefacientes un automóvil “mellizo” con documentación adulterada.

Por estos motivos, Bruno Campaña indicó que la conducta de Quinteros Pampliega encuadra en la figura de los delitos de transporte de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos por la ley 23.737 en concurso real con el delito de uso de documento falso destinado a acreditar la titularidad del dominio o habilitación del vehículo automotor utilizado en el transporte del estupefaciente.