La fiscal Guillermina García Padín, junto a otros integrantes de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), recibió el martes pasado a Natalia Figueroa, directora nacional a cargo del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El tema central del encuentro fue la coordinación entre las distintas agencias del Estado para garantizar el acceso a la atención integral de las víctimas de toda clase de delitos, tal como establece la ley 27372.

El objetivo de la articulación entre ambas dependencias es viabilizar canales de comunicación, intercambio de información y acordar determinados criterios de intervención teniendo en cuenta el rol que cada uno cumple. A tal fin se deben tener en cuenta las distintas situaciones que se presentan, en particular, al tramitarse incidencias propias de la etapa de ejecución en las que la ley prevé que los jueces deberán brindarle a las víctimas información al respecto. Así las cosas, tanto la UFEP como el CENAVID acordaron avanzar durante una nueva mesa de trabajo en precisiones que surgirán del encuentro de los equipos técnicos que intervienen en los casos.

El CENAVID tiene a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la justicia federal en todo el país y de la justicia ordinaria en Capital Federal. En particular, este organismo brindará asesoramiento jurídico, psicológico y social con el objeto de dar contención, orientación y acompañamiento a las  víctimas, así como también la asistencia económica para los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia cuando ésta se encontrase económicamente imposibilitada de hacerlo. También, el CENAVID derivará, cuando corresponda y en los términos que dispone la normativa, el patrocinio y la representación jurídicos de la víctima a la Defensoría General de la Nación para que sean los Defensores Públicos de Víctimas quienes las representen en todas las instancias y etapas del proceso penal.

La ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, sancionada por el Congreso en julio de 2017 , prevé como uno de sus objetivos el de “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos” en particular “el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte”.