La fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Adriana García Netto, acompañó el recurso de casación interpuesto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, contra la decisión de la jueza federal que confirmó desestimar las actuaciones de la causa, por no desprenderse de los hechos investigados, individuo alguno responsable del delito de trata laboral.

García Netto entendió que la decisión de la jueza federal "es infundada e incurre en una errónea interpretación de la ley sustantiva".

La empresa Aserradero Fueguino SRL, tal como se desprende del dictamen que realizó la fiscal García Netto, y retomando el recurso del fiscal Arranz, tomaba personas vulnerables -provenientes de otras provincias y del extranjero- para que trabajen extensas jornadas laborales, entre 12 y 13 horas, sin posibilidad de comunicarse con el “exterior “, ni siquiera por razones que fueran de emergencias médicas.

Las víctimas no estaban registradas, por lo que no se les abonaban cargas sociales, vacaciones, cobertura social o salud y ART. Los sueldos eran de 1500 pesos, por debajo de la categoría más básica que era de 2419 pesos. Además, las condiciones de habitabilidad eran pésimas.

De las declaraciones de los testigos, surge que los empleadores “los obligaban a realizar trabajos forzados dado que debían cumplir el objetivo planteado por el dueño o encargado”. En este punto, el fiscal Arranz en su recurso de casación, manifestó que la jueza a cargo de la causa omitió desarrollar la investigación en esta cuestión de “las amenazas”, y en consecuencia esto sirvió como fundamento para decir que no hubo trabajo forzoso y por “ende descartar la trata de personas”.