La representante del MPF requirió al juez una serie de medidas para investigar si existió o no una agresión al presidente, la gobernadora y funcionarios presentes, así como la eventual intervención policial frente a dichos sucesos: entre ellas, se le reciba declaración a personal policial federal que intervino en el acto, previa identificación; la remisión de la nómina de agentes que integraron la custodia presidencial; se remitan videofilmaciones de cámaras de seguridad y de las que pudieron haber tomado los medios de prensa; y los informes correspondientes tendientes a establecer si el presidente, la gobernadora o cualquier otro funcionario sufrieron lesiones, así como si algún objeto resultó dañado. Todo ello, a los fines de establecer si existió una puesta el peligro tanto del presidente, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios intervinientes y/o de los participantes del acto, así como el eventual daño del automotor presidencial o de cualquier otro objeto.