Mediante una resolución interna, el fiscal general ante el tribunal oral en lo criminal federal de Resistencia, Federico Carniel, convocó al fiscal general ante la cámara de apelaciones de esa ciudad para que lo asista en la investigación de los hechos delictivos concretados y de aquellos que podrían poner en riesgo el orden constitucional en la provincia del Chaco.

Carniel integra la comisión que ayer conformó la Procuradora General Gils Carbó, junto con los fiscales generales José Ignacio Candioti Puyol y Adolfo Raúl Villatte, y el fiscal federal de San Isidro, Rodolfo Domínguez.

A la vez, Carniel también dispuso convocar al resto de los fiscales de la jurisdicción para que trabajen en la tarea que le había sido encomendada por la Procuradora.

En el documento, el fiscal general destacó que el reclamo, asamblea y concentración de agentes, suboficiales y oficiales de la Policía del Chaco y del personal del servicio penitenciario provincial en las distintas comisarías de la provincia, “se produce a sabiendas que esta acción genera la comisión de múltiples delitos por parte de personas que aprovecharían esta situación de ‘zonas liberadas’ para llevar adelante sus fines delictivos los cuales derivan en atentados simultáneos contra las personas, la propiedad y el orden público, ataques indiscriminados que se producen en poblado y en banda en el territorio provincial”.

En este sentido, destacó que si bien esos delitos “serían de jurisdicción ordinaria no es menos cierto que como se estarían realizando en función de la coexistencia de los mismos con la ausencia de autoridades policiales hacen presumir que se podría estar vulnerando la ley 23.077 de Defensa de la Democracia”. Fundamentalmente, agregó el fiscal, “porque el modo comisivo se está desarrollando de manera colectiva lo cual genera perturbaciones en la tranquilidad de la población y atenta directamente contra el orden público”.

De esta manera, consideró “imperioso determinar si existen vinculaciones entre aquellos que deben custodiar la seguridad de los ciudadanos y algún grupo que tenga incidencia o participación en los saqueos producidos y, de ser así, intentar desarticular cualquier objetivo que ponga en riesgo las Instituciones y el sistema Democrático en general”.