El fiscal federal de primera instancia Patricio Sabadini y el fiscal general Federico Carniel de Resistencia iniciaron una investigación por los posibles delitos de intimidación pública, amenazas e incumplimiento de las disposiciones adoptadas por autoridades para combatir la pandemia producida por el virurs COVID-19, a tres representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de esa ciudad. Fue tras una denuncia realizada por el intendente de la capital provincial Gustavo Martínez.

En la presentación, el intendente denunció como “falaces” los hechos que el secretario del Sindicato le imputa, a través de un escrito, al subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana de Resistencia que derivaron en una medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo. También sostuvo que la referida nota es la “única comunicación de la drástica decisión adoptada por la organización sindical municipal, lo que demuestra acabadamente la ilegalidad de la medida”.

Según Martínez, existieron resoluciones municipales en materia sanitaria dirigidas a impedir la propagación del virus y la amenaza de contagio de la enfermedad. En ese sentido, agregó que el objetivo principal es preservar la salud de las personas que viven en Resistencia, garantizando la prestación de los servicios básicos y esenciales que debe brindar el Municipio, como ser guardias mínimas en las oficinas y de tareas de limpieza, recolección y disposición final de residuos urbanos domiciliarios, asimilables urbanos y patológicos.

El intendente sostuvo que la medida de fuerza convocada por el Secretario del gremio era “ilegal” y que se estaba "en presencia de un hecho que involucra a los denunciados y cuyo accionar repercute directamente en el servicio de recolección de residuos de la ciudad de Resistencia, como también de las consecuencias que desde el punto de vista sanitario, su no prestación puede ocasionar, sobre todo en el momento y situación en que nuestro país se encuentra”.

Hacia el final de la denuncia, Martínez refirió amenazas que los imputados habrían impartido a sus afiliados para plegarse a la medida, bajo el apercibimiento de que sería expulsados del sindicato en el caso de no hacerlo. El Ministerio Público Fiscal, siguiendo los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación, formuló el requerimiento de instrucción respecto de tres integrantes del gremio por la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 149 bis, 205 y 211 del Código Penal.