La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso interpuesto por la Fiscalía Federal N°5 a cargo de Leonel Gómez Barbella, y dispuso que una investigación impulsada por esa dependencia por la presunta comercialización de materias primas utilizadas para producir estupefacientes continúe en el fuero criminal y correccional. El juez había rechazado la competencia por entender que el delito estaba vinculado a una causa de contrabando y que debía tramitarse en el fuero penal económico.

En su requerimiento de instrucción, la Fiscalía le imputó a las empresas acusadas “la presunta comercialización irregular de las sustancias químicas –algunas de ellas consideradas precursores químicos- secuestradas” durante distintos procedimientos realizados en mayo del año pasado, por lo que se extrajeron testimonios y se remitieron al fuero criminal y correccional. Los allanamientos habían sido dispuestos por el Juzgado en lo Penal Económico N°5 luego de que se interceptara en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un envío de cocaína con destino a Madrid.

Asimismo, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) confeccionó un informe en el que explicó, en detalle, una serie de irregularidades en torno a la cadena de comercialización de las sustancias, de acuerdo a la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes (N°23.737) y el Registro Nacional de Precursores Químicos (26.045). Sin embargo, el magistrado a cargo del Juzgado Federal N°9 indicó que se estaba “ante una organización que fue llevada a juicio por estos hechos”, por lo que no correspondía “deslindar la investigación”.

Al momento de apelar, Gómez Barbella señaló que el hecho investigado tiene otra calificación legal que la causa iniciada por el intento de envío de cocaína a España: allí es “contrabando de estupefacientes” -penado por el Código Aduanero-, en tanto que el que tiene a las empresas bajo investigación es “comercio o distribución de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes”, lo que encuadra “única e inequívocamente en una figura penal estrictamente criminal y correccional federal” . “Por otra parte -continuó el representante del Ministerio Público Fiscal-, tampoco se podría considerar la existencia en el caso de una conexidad subjetiva, en tanto se encuentra perfectamente diferenciado que los imputados en este último caso, resultan ser los responsables de  empresas ya individualizadas”.

En ese sentido, el fiscal recordó: “Máxime si tenemos en cuenta que de los testimonios acompañados, previo a las detenciones y allanamientos llevados a cabo por el magistrado en lo penal económico, se incorporaron a la pesquisa además de las tareas de inteligencia, transcripciones obtenidas de escuchas de líneas telefónicas y correos electrónicos intervenidos; de los cuales no surge vinculación alguna con las empresas cuestionadas luego”. Al respecto, precisó también “que al momento de formular el requerimiento de instrucción, esta Fiscalía propuso una serie de medidas probatorias que en nada guardan relación con la investigación relativa al contrabando de estupefacientes”. Para hacerlo, contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Por último, Gómez Barbella evaluó que al estar elevada a juicio la causa por lo incautado en el aeropuerto internacional, ambos expedientes se encuentran en estadios procesales diferentes, por lo que “resulta materialmente imposible” que tramiten conjuntamente. Ello, añadió, “atenta contra principios de economía procesal y una adecuada administración de justicia”.

Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con lo argumentado por la Fiscalía y resolvió el 7 de mayo pasado revocar la resolución del juez, a quien ordenó "activar con celeridad la investigación considerando las medidas solicitadas”. Para ello hizo propio el dictamen de la fiscal general adjunta ante ese tribunal, Eugenia Anzorreguy de Silva.