La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Río Gallegos formuló el requerimiento de instrucción para que se investigue la denuncia formulada por la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner ante el Juzgado Federal de esa jurisdicción por la difusión de una conversación telefónica que mantuvo con el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.

La fiscal interinamente a cargo de la dependencia, Patricia Ramallo, señaló en un dictamen que corresponde el inicio de la pesquisa “frente a la posible comisión de delitos perseguibles de oficio a priori constitutivos de conductas reprimidas por los arts. 153 y 248 del Código Penal”, contenidos en los capítulos de Violación de Secretos y de la Privacidad y de Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos de ese ordenamiento jurídico. Asimismo, sugirió una serie de medidas para recabar elementos de prueba.

La representante del Ministerio Público Fiscal identificó “dos hechos principales sobre los que puede cimentarse la investigación”: en primer lugar, si el registro de dichas conversaciones -ordenado en el marco de una causa en la que busca determinarse si Parrilli participó en una maniobra de encubrimiento de Ibar Esteban Pérez Corradi cuando éste estaba prófugo- “fue realizado de manera legal, mediante orden de autoridad competente y con las correspondientes garantías que toda violación a la vida privada de las personas, incluso de ex funcionarios públicos, deben considerarse al momento de realizarse una investigación penal”. Y en segundo lugar, dilucidar si fuera posible la “filtración o sustracción del soporte que contiene la conversación suministrada a los medios de comunicación”.

Medidas de prueba

En ese sentido, Ramallo sugirió que se requiera información al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo -quien interviene en la causa en la que el ex director de la AFI fue procesado-, sobre si “efectivamente se intervinieron las líneas telefónicas” de la ex mandataria y Parrilli, y de ser así la fecha y su prórroga; que se “individualice el soporte óptico (CD) en el que se plasmó” la conversación y se “obtengan todas las constancias relativas al procedimiento de cadena de custodia de dicho soporte”, entre otros elementos.

Por otro lado, la Fiscalía pidió a la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que informe si los abonados “estaban siendo intervenidos” y detalle “la modalidad de interceptación” -si se trató de una “escucha directa” o “una simple captación con remisión de material”-, e individualice a los agentes que participaron del registro y en la cadena de custodia del material.

Finalmente, la fiscal ad-hoc Ramallo solicitó que se le dé intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, “a los efectos de proceder al análisis de la información que arrojen las medidas propuestas”.