03 de octubre de 2024
03 de octubre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento conjunto de la Fiscalía Federal y de la UFI-PAMI
Río Gallegos: solicitan la declaración indagatoria de un exagente del PAMI por superposición horaria entre sus obligaciones como funcionario y su actividad profesional privada
Le imputaron el delito de defraudación contra la Administración Pública. De acuerdo con la investigación, el imputado –que es médico- realizó intervenciones quirúrgicas de modo particular en el horario en que debía trabajar en la oficina de la obra social.

El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Julio Zarate, y el fiscal federal a cargo de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, solicitaron que se convoque a prestar declaración indagatoria a un ex funcionario jerárquico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) de la provincia de Santa Cruz, por considerar que incurrió en superposición horaria entre sus obligaciones laborales como agente de la obra social y su actividad privada como profesional de la salud, lo que fue encuadrado por los representantes del MPF en la figura delictiva de defraudación contra la Administración Pública.

En el marco de la causa penal sustanciada en colaboración entre ambas fiscalías, se estableció que el exfuncionario, que se desempeñó como coordinador general ejecutivo de la Unidad de Gestión Local XXVIII -Santa Cruz- del INSSJP, omitió informar al INSSJP acerca de sus obligaciones como profesional de la salud en el ámbito privado, en infracción al artículo 9 del Decreto 8566/61, que contempla el Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y pasividades en la Administración Pública.

En ese contexto, en al menos seis oportunidades durante 2017 realizó intervenciones quirúrgicas y atenciones médicas a afiliados del INSSJP en distintos nosocomios, en horarios en los que debía encontrarse cumpliendo obligaciones en la sede de la obra social en la ciudad de Río Gallegos.

La fiscalía indicó que el cálculo efectuado respecto del perjuicio patrimonial provocado al INSSJP por la percepción ilegítima de salarios de parte del imputado fue de $32.376,45 al momento de los hechos. El pedido de los fiscales deberá ser resuelto por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez.