Marcelo Rapoport, fiscal de la ciudad de Río Grande, se presentó ante el concejo deliberante de esa ciudad para solicitar la derogación o modificación de ordenanzas municipales que favorecen el delito de trata de personas. El representante del MPF destacó que esas normas regulan el funcionamiento de whiskerías, cabarets, boites, entre otros, que son denominadas, en forma encubierta, como “casas de tolerancia”, cuya existencia se encuentra prohibida por la ley nacional 12.331.

Rapoport además señaló que al momento de sancionarse la ley nacional se habían cancelado esos locales, ya que eran sitios que facilitaban el comercio sexual de personas que pudieron haber sido previamente capturadas, trasladadas y acogidas para tal propósito.

El fiscal también hizo hincapié en que, de acuerdo con las ordenanzas vigentes, puede entenderse que en Río Grande la explotación sexual de personas se encuentra reglamentada. Esto es porque se obliga a las mujeres que trabajan en estos establecimientos a tramitar una libreta sanitaria que deben entregar a los “administradores” de los locales, y que son diferentes, por ejemplo, del de aquellas trabajadoras que manipulan alimentos.

Asimismo, el requerimiento, por parte de estas mujeres, a realizarse controles ginecológicos para poder trabajar en las "casas de tolerancia"  fue otro de los argumentos que presentó Rapoport ante el consejo deliberante para demostrar cómo esa normas fomentan del delito de trata. En declaraciones a www.fiscales.gob.ar, Rapoport consideró que en la Argentina, el sistema que rige la planificación de la lucha contra la trata de personas es abolicionista. Esto, entre otras cosas, implica que la persecución se entabla contra los proxenetas que regentean las famosas whiskerías o casas de tolerancia, pero no a la mujer que es explotada. "Ella es la víctima", sostuvo el magistrado.

En otra parte del diálogo, el fiscal destacó que en la ciudad de Río Grande se había comprobado en algunos de los establecimientos habilitados por las ordenanzas, el funcionamiento de las "coperas". Esta modalidad es una de las más clásicas en este tipo de lugares, y sirve para que los dueños sostengan como defensa que ellos no guardaban ningún tipo de relación con las mujeres. "Pero la verdad es que las mujeres llenan libros o mantienen algún tipo de control a partir de un régimen de explotación impuesta por los proxenetas del lugar. Por eso se dice que el sistema prostibulario es parte de la red de trata de personas", agregó Rapoport.

Por otra parte, el fiscal dijo que "la municipalidad no puede habilitar las 'casas de tolerancia. En este sentido, lo que el concejo deliberante debe hacer es sancionar una nueva ordenanza que modifique a las vigentes y que además dejen sin efecto todas las habilitaciones comerciales que se han dispuesto" para que puedan funcionar las casas que explotan a las mujeres. Remarcó, en este punto, que lo mismo había sucedido en otras ciudades del país, que lograron adecuar su normativa para combatir el delito de trata de personas.

De esta manera, Rapoport, en su pedido al concejo deliberante, solicitó la revisión de las ordenanzas para adecuarlas a la normativa nacional vigente y a la totalidad de acuerdos y convenios internacionales suscritos por nuestro país. "No es propio del poder de policía de la municipalidad que se habiliten lugares que inciten la explotación sexual de las mujeres", comentó en relación con esto.