La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron elevar a juicio la causa en la que una médica obstetra de 87 años está acusada de los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público. Según la investigación, Olga Concepción Artale de Silva extendió certificados médicos con información falsa que permitieron inscribir a dos mujeres con filiaciones que no se correspondían con su origen biológico.

El expediente se inició a partir de las denuncias presentadas por las dos mujeres, quienes advirtieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus progenitores en sus partidas de nacimiento de 1981 y 1982. Las causas tramitaron por separado hasta que fueron acumuladas debido a la coincidencia de la profesional imputada.

El requerimiento fue formulado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, representada por la abogada Julia Giordano, luego de que quedara firme el procesamiento, sin prisión preventiva, dictado en agosto pasado por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.

La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal federal Soledad García y el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

El fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la fiscal federal Soledad García, a cargo de la investigación. Foto de archivo: C. González / MPF

Desde la fiscalía aclararon que esta causa no guarda relación con la investigación penal que tomó estado público recientemente y en la que se encuentra imputada otra partera, de 88 años —identificada como D.E.V, conocida como “Dolly”— por un presunto caso de supresión de identidad y otros hechos que se encuentran bajo investigación.

Dos historias entrelazadas por una misma irregularidad

Las causas contra Artale de Silva se originaron a partir de denuncias formuladas en 2022 y 2023 ante la justicia federal por las damnificadas Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos. Ambas indicaron que sabían que no eran hijas biológicas de quienes las habían criado y figuraban como madre y padre en sus partidas de nacimiento.

Alzugaray creció en la localidad santafesina de Maciel, donde fue criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Desde pequeña supo que no era su hija biológica. Sin embargo, esa circunstancia no se reflejaba en su partida de nacimiento, en la que la obstetra Artale de Silva había certificado que nació el 11 de junio de 1981 y el vínculo biológico inexistente con sus padres de crianza.

La partida de nacimiento de la denunciante Ana Carolina Alzugaray. Foto: Unidad Fiscal Rosario

Según relató la mujer, su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se había establecido a través de una hermana de la médica, quien mantenía una relación con Ceresole. También indicó que fue entregada a su familia en una vivienda ubicada en la calle Richieri al 2000, de Rosario.

En su denuncia, la víctima relató que se comunicó en varias oportunidades con la obstetra para obtener información sobre su progenitora biológica, pero, según su relato, la mujer le respondió que no recordaba lo sucedido y le pidió que dejara de contactarla.

La búsqueda de su identidad biológica, que se extendió durante aproximadamente 30 años, le permitió conocer a Lobos, quien había descubierto en la adultez que tampoco era hija biológica de quienes la habían criado, Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida de nacimiento, la médica Artale de Silva también certificó una filiación biológica inexistente y consignó que había nacido el 5 de agosto de 1982.

La partida de nacimiento de Romina Elisabet Lobos. Foto: Unidad Fiscal Rosario

Según la investigación, en ambos casos, la obstetra habría entregado a las familias un “certificado de nacido vivo” con su firma, que luego fue utilizado para inscribir a las niñas en el Registro Civil.

Las mujeres denunciaron los hechos y se constituyeron como querellantes. Las causas quedaron radicadas en el Juzgado Federal N°3 de Rosario, que delegó la investigación en el MPF. En mayo de 2024, tras la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), la pesquisa fue asignada al Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Las pruebas genéticas

Para esclarecer los hechos, la fiscalía consideró necesario obtener perfiles genéticos de las denunciantes y de quienes figuraban como sus progenitores. El juzgado autorizó la toma de muestras biológicas, una tarea que estuvo a cargo del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las muestras fueron remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su análisis. Los informes periciales descartaron la existencia de un vínculo biológico entre las dos mujeres y sus respectivos padres de crianza, lo que confirmó la discrepancia entre su filiación biológica y la registrada oficialmente.

El procesamiento de la obstetra

En mayo de 2025, al ser convocada a declaración indagatoria por el caso de Lobos, Artale de Silva se negó a hacerlo y alegó padecer “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria”, que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un traumatismo reciente.

Ante esa situación, el juzgado solicitó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. Una primera evaluación concluyó que presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso judicial.

En la resolución, el juez sostuvo que la conducta atribuida a la profesional “excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes”.

La querella cuestionó ese informe porque no precisaba si el cuadro era transitorio o permanente. En diciembre de 2025, el juzgado suspendió el trámite y dispuso una nueva evaluación.

En marzo de 2026, un segundo examen determinó que la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve” y que contaba con las condiciones necesarias para comprender la causa penal en su contra. Sobre esa base, el juzgado reanudó el trámite y el 2 de julio pasado le recibió declaración indagatoria por el caso de Alzugaray.

El 3 de agosto siguiente, el juez Vera Barros dictó su procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con el de falsedad ideológica de instrumento público.

En la resolución, sostuvo que la conducta atribuida a la profesional “excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes”.

El magistrado consideró que la intervención de la obstetra fue determinante para que las filiaciones falsas fueran asentadas en el Registro Civil y que, de ese modo, se afectara la identidad de ambas mujeres. También dispuso que la médica continuara en libertad, al no advertir cambios en los riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva.

Según la investigación del MPF, en ambos casos, la obstetra habría entregado a las familias un “certificado de nacido vivo” con su firma, que luego fue utilizado para inscribir a las niñas en el Registro Civil.

El juzgado ordenó mantener la libertad ambulatoria de la médica, ya que no se verificaron modificaciones en los riesgos procesales que justificaran el dictado de la prisión preventiva.

Convocatoria para encontrar a las madres biológicas

Ante la difusión del caso, la Unidad Fiscal Rosario solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la población para obtener información que permita identificar o localizar a las posibles madres biológicas de Romina Elisabet Lobos y de Ana Carolina Alzugaray.

En particular, se convoca a mujeres que hayan dado a luz en fechas próximas a las consignadas en las partidas de nacimiento de ambas denunciantes y que puedan aportar datos relevantes para la investigación.

Ambos casos tramitan en el Área de Casos Complejos (Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas). Quienes cuenten con información pueden comunicarse al teléfono 341-2859127 o al mail atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar, donde recibirán el asesoramiento adecuado del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.