La Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) con sede en el barrio Las Flores de Rosario, el fiscal general ante la Cámara Federal de esa ciudad, Claudio Palacín, y el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, designado para actuar en esa instancia, actuaron de forma conjunta y lograron la obtención de treinta turnos semanales para que vecinos y vecinas de ese barrio en condición de vulnerabilidad realicen trámites de obtención de DNI y partidas.

Los representantes del MPF consiguieron la asignación de los turnos luego de una presentación formulada ante el subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas de la provincia, Francisco Dallo.

La gestión conjunta de ATAJO y los fiscales Palacín y Arzubi Calvo estuvo motorizada por la complejidad creciente de acceso a los turnos. En efecto, gran cantidad de vecinos y vecinas del barrio concurren a la sede de ATAJO porque las limitaciones tecnológicas son un obstáculo para quienes no cuentan con un teléfono celular o computadora con acceso a internet, y asimismo operan barreras culturales, como las dificultades para la lectoescritura. Pero durante dos meses no fue posible obtener turnos solicitados desde ATAJO a la página web del Gobierno de la provincia de Santa Fe: http://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php

Esa dificultad a su vez imposibilitaba el acceso al efectivo goce de otros derechos, fundamentalmente los vinculados a la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La actuación de los representantes del MPF en esta gestión se enmarca en las previsiones de la ley orgánica, N°27.148, que establece específicamente en su artículo 2 la misión de velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes. Entre las intervenciones que deben realizar sus miembros en defensa de la Constitución y los intereses generales de la sociedad se destacan los conflictos en los que se encuentren afectados intereses colectivos o difusos, y en los que se encuentre afectado de una manera grave el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes.