La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó ayer 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, en el marco de la audiencia de control de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos imputados por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante la presentación de los acuerdos arribados, fundamentó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba y resaltó el esfuerzo realizado junto a las defensas a fin de superar inconvenientes.

Con los medios virtuales utilizados, otras defensas se sumaron a la lista de acuerdos, oportunidad en la que se debatió sobre las propuestas y se lograron superar requisitos de forma, lo cual -a juicio de la fiscalía- dejó de manifiesto el valor de la oralidad, uno de los principios básicos del Código Procesal Penal Federal.

A modo de ejemplo de la versatilidad evidenciada en la audiencia, el fiscal y la jueza sugirieron y aceptaron la conformidad de un acuerdo expresado por una imputada vía WhatsApp. La mujer reside a más de 500 kilómetros, con lo cual se pudo formalizar el convenio y la acusada evitó el largo viaje para la firma.

La jueza Catalano resaltó y agradeció el gran esfuerzo de la Oficina Judicial en la coordinación y asistencia técnica de la audiencia, la que se llevó a cabo en dos salas y se transmitió por videoconferencia a distintos departamentos de la provincia.

La audiencia de ayer, en realidad, se inició el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos, entre ellos la supuesta falta de tipicidad penal, lo cual fue rechazado de plano por la jueza, quien luego otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.

El dinero que deberán aportar los acusados en concepto de donaciones será destinado a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.

Los acuerdos

En ese marco, ayer se formalizaron 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, tanto por casos consumados, en los cuales los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE, como también hechos en los cuales pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo.

Con sumas promedios de 10 a 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos, dinero que los acusados aportaran en concepto de donaciones a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.

Esas donaciones consisten en mercadería, pañales e insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas. En ese sentido, por ejemplo, un hospital, consultado sobre las necesidades, solicitó el aporte de pilas doble y triple “A” para los distintos dispositivos sanitarios con los que cuentan.

Al margen de estos aportes, también se exigió desde la fiscalía la realización de tareas comunitarias, requisito que algunos imputados intentaron evitar. No obstante, la jueza reforzó la posición de la fiscalía al respecto.

De tal forma, se logró reunir un total de 1.636 horas de trabajo comunitario por parte de los 16 imputados, quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.

Entre otros aspectos destacados de los acuerdos, más allá de la imposición de reglas de conducta, se acordó, en los casos de hechos consumados, la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales.

En tal sentido, la fiscalía detalló el marco legal y la jurisprudencia que permite aceptar esta posibilidad y superar así la exigencia del artículo 76 bis, el cual establece como pena accesoria la inhabilitación perpetua para los casos de funcionarios públicos.

"En los distintos acuerdos presentados se tuvo en cuenta la capacidad económica de los acusados, la distancia que deberán recorrer para cumplir con las tareas comunitarias y otros aspectos más que no impidan este beneficio que redundará directamente en la comunidad”.

Fundamentos

Se sostuvo, entre otros fundamentos, que esta exigencia se aplica cuando el imputado hace uso de la calidad de funcionario público en la comisión del delito y que en estos casos los concejales no se valieron de esa condición.

Toranzos, asistido por la secretaria Virginia Wierna, resaltó los beneficios de la suspensión de juicio a prueba, ya que explicó que se trata de una herramienta muy útil a fin de resolver conflictos penales. Precisó que su uso es promovido por el artículo 22 del CPPF.

También destacó las recomendaciones realizadas por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante distintas resoluciones en la materia que postulan el establecimiento de acuerdos cuyas exigencias estén a la altura de la capacidad de ejecución de los acusados.

“En ese sentido, en los distintos acuerdos presentados, se tuvo en cuenta la capacidad económica de los acusados, la distancia que deberán recorrer para cumplir con las tareas comunitarias y otros aspectos más que no impidan este beneficio que redundará directamente en la comunidad”, explicó.

No obstante, tanto la fiscalía como la jueza aclararon que cualquier incumplimiento o la comisión de un delito harían caer el acuerdo e inmediatamente se proseguirá con el proceso penal correspondiente.

Posteriormente, la fiscalía y las defensas de nueve acusados que no prestaron voluntad de llegar a un acuerdo mediante una suspensión de juicio a prueba debatieron sobre las pruebas que llevarán al debate, lo cual transcurrió sin inconvenientes legales.