En una audiencia de formalización de la investigación penal, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta hizo lugar el lunes 10 de mayo a la imputación penal requerida por el fiscal federal Ricardo Toranzos en contra de tres jóvenes detenidos el viernes 7, en el marco de la entrega vigilada de un paquete -cuya carga original de cinco kilos de marihuana fue sustituida- iniciada en la ciudad santafesina de Rosario.

El fiscal Ricardo Toranzos -a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta- solicitó también la prisión preventiva de los tres acusados. Asimismo, postuló que se rechace la declaración de incompetencia dispuesta por el titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailque, y que, en consecuencia, el caso sea girado nuevamente a ese magistrado.

Ambos planteos, previo debate entre las partes, fueron aceptados por la jueza federal subrogante Mariela Giménez, quien declaró la legalidad de las detenciones, dispuso la formalización de la investigación penal por el delito de transporte de estupefacientes, ordenó la prisión preventiva y rechazó la incompetencia declarada por su par de Rosario.

El 12 de mayo, ante la impugnación interpuesta por la defensa de uno de los acusados que insistió en que el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta siga con el caso, la Sala I del Tribunal de Revisión confirmó la posición de la jueza Giménez.

En vista de ello, se mantuvieron las medidas dispuestas en la audiencia de formalización de la investigación penal y se procedió a girar el legajo y demás actuaciones al juez de Rosario a fin de que siga adelante con el caso.

Por el hecho, fueron imputados Raúl Roque Laguna, Germán Agustín Ríos Craba y Augusto Emanuel García, todos domiciliados en la ciudad de Metán, quienes fueron detenidos cuando se presentaron a retirar la encomienda con la droga.

En Rosario

Al presentar el caso, el fiscal Toranzos explicó que las actuaciones se originaron el 27 de abril pasado, cuando personal de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva Rosario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó una encomienda con posible contenido sospechoso durante tareas de control en instalaciones del Centro Logístico del Correo Argentino de la ciudad santafesina.

El paquete había sido despachado desde Misiones y tenía como destinatario a Juan Mario Garzón Zárate, con domicilio en la localidad salteña de Joaquín V. González. La fiscal federal Adriana Saccone, de la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, requirió al Juzgado Federal N° 4, a cargo de Bailaque, la apertura de la encomienda.

El 27 de abril personal de la PSA detectó una encomienda con posible contenido sospechoso durante tareas de control en el Centro Logístico del Correo Argentino en Rosario.

Asimismo, solicitó que, en caso de constatarse la presencia de estupefaciente, se sustituya por un producto similar y se prosiga las actuaciones en el marco de una entrega vigilada, lo cual fue resuelto de manera favorable por el juez de Rosario.

El 30 de abril la PSA confirmó que del interior de la encomienda se secuestró un total de 5,075 kilogramos de marihuana, por lo que se prosiguió con el remplazo de la droga y su posterior circuito de traslado al destino despachado.

El 4 de mayo, en tanto, el juez federal rosarino se declaró incompetente para seguir con las actuaciones del caso por entender que el delito se consumaría en Salta, cuando el destinatario se presente a retirar la encomienda. Y giró el caso, que llegó a la Unidad Fiscal Salta el 7 de mayo.

En Salta

Al tomar intervención, el fiscal Toranzos explicó que se llevaron adelante las medidas necesarias para concluir con la entrega vigilada, tareas que fueron supervisadas por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella junto a los investigadores Pablo Carraro y Facundo Saravia, con personal de la PSA, de Salta.

El fiscal narró que el mismo 7 de mayo, alrededor de las 11.00, fue detenido Ríos Craba, quien se había presentado en la oficina postal a retirar la encomienda. También fueron detenidos Laguna y García, quienes al ver que el primero fue arrestado, emprendieron la fuga.

No obstante, explicó el fiscal, personal de la PSA que estaba apostado en la zona siguió y detuvo a ambos en una estación de servicio en las afueras de esa localidad, lugar al que había arribado en un automóvil Renault Clio, conducido por García.

Asimismo, Toranzos informó que posteriormente se realizaron cinco allanamientos en domicilios de los acusados: cuatro en la ciudad de Metán, ubicada a 120 kilómetros de Joaquín V. González, donde los acusados fueron para retirar la encomienda; el quinto se realizó en un domicilio de Misiones, de donde se había despachado el paquete con la droga.

Producto de los allanamientos, uno de ellos en una vivienda ubicada dentro del predio de un establecimiento educativo, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la investigación penal. En algunos de los domicilios se incautaron pequeñas cantidades de marihuana.

Incompetencia: la fiscalía explicó que la consumación del delito no exige el punto final o destino, teniendo en cuenta que el hallazgo de la droga ocurrió en Rosario, cuando personal de la PSA reportó el paquete sospechoso.

Planteos

Sin cuestionar el hecho, las defensas se opusieron a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía para los tres acusados, pues rechazaron la posibilidad de fuga y de entorpecimiento procesal, a la vez que presentaron documentación y pruebas para reforzar el arraigo de sus clientes en Metán, con lo cual justificaron su pedido de arresto domiciliario.

En cuanto a la incompetencia planteada por el fiscal, las defensas de Ríos Cabra y Laguna compartieron el planteo mientras que el abogado Gabriel Roberts, por García, sostuvo que se debía sostener la competencia local en el caso, ya que a su criterio el análisis del juez federal de Rosario es coherente.

Al referirse a la oposición de la prisión preventiva, el fiscal resaltó en primer lugar que Ríos Craba, quien descendió del auto para retirar la encomienda, lo hizo con otra identidad. Reveló además que el imputado posee antecedentes por violencia de género en perjuicio de su pareja, por lo que se dictó una medida de restricción, detalle que la defensa había minimizado junto con aspectos del informe ambiental.

Respecto a Laguna, en tanto, indicó que no mostró ninguna disposición a colaborar con la justicia, pues al momento en que fue detenido Ríos Craba, abordó el vehículo conducido por García y escaparon del lugar. A ello, sumó el hecho de que su madre negó que viviera en su casa, como había afirmado.

El fiscal destacó que esa vivienda se encuentra dentro del predio de un establecimiento educativo de Metán, lo cual, de por sí, ya sería un aspecto a tener en cuenta en el análisis del caso.

Sobre García, el fiscal señaló que este acusado fue quien, al ser detenido su amigo, inmediatamente emprendió la fuga, con lo cual quedó manifiesta su conducta evasiva hacia la justicia.

Con respecto a los tres acusados, Toranzos recordó que la investigación aún se encuentra en su etapa inicial, por lo cual no se descarta que haya otros implicados ni tampoco se estableció cabalmente el rol de cada uno, de manera que podría verse entorpecida por acciones de los acusados.

En relación al planteo de incompetencia, en tanto, ratificó la posición sostenida, pues explicó que existe sobrada jurisprudencia respecto a que la consumación del delito no exige el punto final, o destino, teniendo en cuenta que el hallazgo de la droga ocurrió en Rosario, cuando personal de la PSA reportó el paquete sospechoso, se abrió y se confirmó que había 5 kilos de marihuana. También señaló que no había manera de que se consume el delito en Joaquín V. González, pues la encomienda ya no llevaba la droga.

Al resolver, la jueza declaró legal las detenciones de los tres jóvenes, dio por formalizada la investigación penal y, respecto a los planteos defensivos, compartió el argumento de la fiscalía, tanto sobre la prisión preventiva como la declaración de incompetencia, por lo que dispuso la remisión del caso al juez federal de Rosario.

Posteriormente, y debido a la impugnación planteada por la defensa de García, los jueces de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá y Santiago French, de la Sala I, confirmaron la resolución de la jueza de Garantías Giménez en relación a la declaración de incompetencia.

En cuanto a la prisión preventiva, también se ratificó la posición de la magistrada, aunque ordenaron que, en el caso de García, se implemente bajo la modalidad de arresto domiciliario.