El Juzgado Federal de Garantías de Orán, a instancia del fiscal general Eduardo José Villalba, formalizó la imputación presentada contra un hombre por el delito de contrabando de exportación de granos, agravado por el número de intervinientes.

La decisión se tomó en la audiencia de formalización de la investigación penal del caso, realizada el 6 de agosto pasado. En esa instancia la fiscalía también obtuvo la prisión preventiva del acusado, un comisionista de la ciudad Tartagal, quien prefirió no prestar declaración por el momento.

Al presentar el caso, la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó al juez federal Gustavo Montoya los detalles de cómo se inició la investigación que derivó en la detención del acusado, el 5 de agosto, cuando circulaba en un vehículo en el cruce de la ruta 34 y el acceso a Orán.

Indicó que las actuaciones preliminares surgieron de un informe presentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que se dio cuenta de tareas de control realizadas en febrero pasado en el peaje aduanero de Salvador Mazza, en el límite fronterizo con Bolivia.

En aquél reporte, según explicó la auxiliar fiscal, se detectó que entre el 17 y el 18 de febrero pasado se registraron 117 permisos de transporte de granos, de los cuales 103 fueron anulados por advertirse ciertas irregularidades.

Al revisar los documentos, en los cuales se consignaron distintos datos, como el origen, destino de la carga y patentes de los camiones utilizados para el transporte, el personal de la AFIP pudo cotejar el paso de cuatro de esos rodados, cuyas cartas de porte (CTG) habían sido anuladas.

En vista de ello, y con la colaboración de efectivos de la Gendarmería Nacional, se logró ubicar los camiones en cuestión en una propiedad ubicada en Campo Duran, en el paraje El Algarrobal, a 21 kilómetros de la frontera con Bolivia.

La fiscalía inició la investigación luego de un reporte de la AFIP, que detectó que entre el 17 y el 18 de febrero pasado se registraron 117 permisos de transporte de granos, de los cuales 103 fueron anulados por advertirse irregularidades.

Allanamiento

A partir de estas pistas, la fiscalía solicitó al juez federal de Garantías de Tartagal Carlos Martínez Frugoni el allanamiento del inmueble, donde se encontraron los cuatro camiones con una carga de 30 toneladas de soja cada uno.

A ello, se sumaron otras 20 toneladas que ya habían sido descargadas en la propiedad, con lo cual se llegó a un total de 140. Durante el allanamiento, tanto el propietario del inmueble como los camioneros identificaron al acusado como la persona que los contrató.

Los choferes dijeron que fueron contactados por el imputado, con quien se reunieron en Tucumán, donde acordaron el transporte desde Santiago del Estero a Salvador Mazza, a la vez que afirmaron que les daría la documentación necesaria para el traslado.

Por su parte, el dueño de las instalaciones donde estaban los camioneros también apuntó contra el acusado, al igual que los propietarios de los camiones. Además de estas pruebas y otras más reunidas en torno al caso, la fiscalía resaltó los informes de registro de llamadas y geolocalización del teléfono del imputado.

Con posterioridad al allanamiento, el acusado cambió de modalidad y buscó un nuevo permiso de la AFIP, mediante el cual intentaba garantizar el paso de los camiones con carga de granos, ya sea de soja u otro cereal, siempre con destino a Bolivia y de manera ilegal.

Prisión preventiva

La fiscalía imputó al detenido el delito de tentativa de contrabando de exportación, en calidad de partícipe necesario, agravado por la participación de tres personas. Asimismo, no se descartó la probable comisión de otras figuras delictivas.

El fiscal Villalba resaltó, por su parte, la gravedad del hecho, parte de un fenómeno criminal que en los últimos años creció de manera exponencial en la zona de frontera, lo cual generó a su vez un gran perjuicio al Estado Nacional por la evasión fiscal en la comercialización de grandes cantidades de granos.

En vista de ello, la fiscalía requirió la prisión preventiva del acusado, fundada en el riesgo de fuga, la naturaleza del hecho, el peligro de entorpecimiento de las tareas investigativas aún pendientes y en la expectativa de pena, la cual excede holgadamente la prisión en suspenso.

La defensa, por su parte, no objetó por el momento la acusación ni a la prisión preventiva, aunque sí solicitó que esta medida de coerción se aplique mediante un arresto domiciliario, para lo cual alegó razones de salud de su cliente.
En su análisis final del caso, el juez Montoya dio por formalizada la imputación, como así también hizo lugar a la prisión preventiva del acusado, en el marco de una resolución en la cual resaltó la gravedad de los delitos investigados.