En una audiencia celebrada esta mañana para resolver la situación de dos mujeres detenidas en un control vehicular en el sur de Salta, el juez federal de Garantías Miguel Medina declaró la legalidad de la detención de las acusadas, dio por formalizada la imputación penal por el delito de transporte de estupefacientes y les dictó la prisión preventiva.

De esta forma, el juez hizo lugar al requerimiento del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

Al presentar el caso, el fiscal explicó que las mujeres fueron detenidas el 17 de febrero pasado, alrededor de las 21.20, cuando llegaron al puesto de control ubicado en El Naranjo, a 176 kilómetros de la capital salteña, en el sur de la provincia.

Sostuvo que las ahora imputadas viajaban en un automóvil Chevrolet Onix, el cual era conducido por quien indicó ser gestora de automotores con residencia en Buenos Aires, mientras que la segunda explicó que lo hacía en calidad de acompañante.

Ante el control, efectuado por personal del Escuadrón 45 de la Gendarmería Nacional, la conductora y su acompañante evidenciaron cierto nerviosismo y contradicciones respecto al motivo del viaje, el cual habían iniciado en Jujuy con rumbo a Buenos Aires.

Los gendarmes descubrieron que los tornillos del tanque de combustible evidenciaban rastros de haber sido removidos, por cual echaron mano de una cámara de inspección de video.

Uso de tecnología

Las acusadas llamativamente señalaron desperfecto en el medidor del tanque de combustible, lo cual incrementó la sospecha de los uniformados, quienes decidieron trasladar el rodado hasta la playa de esa base operativa para un control más riguroso.

Así descubrieron que los tornillos del tanque de combustible evidenciaban rastros de haber sido removidos, por cual echaron mano de una cámara de inspección de video, que tiene la particularidad de permitir la introducción de una sonda que refleja en un visor externo el contenido del tanque.

De esta manera se pudo descubrir la existencia de varias botellas de distintos tamaños dentro del tanque, el cual luego fue desmantelado para extraer los envases, un total de 16. En su interior iba oculta la cocaína, con un peso de 21 kilos.

En vista de ello, el auxiliar Fiscal Facundo Mirabella, por disposición del fiscal dio inicio a las actuaciones, entre ellas la detención de las mujeres y secuestro de la droga, al igual que otros objetos de interés. Posteriormente, el trámite de la investigación quedó a cargo del prosecretario administrativo, Nicolás Dubois.

Imputación

Al analizar las circunstancias del hecho, el fiscal sostuvo que la detención se realizó dentro del marco legal establecido para estos casos, y también imputó formalmente a las mujeres el delito de transporte de estupefacientes.
Toranzos resaltó la gravedad del hecho, dado no sólo por la cantidad de droga incautada, sino también por la complejidad que surge de la maniobra, la cual exigió una determinada estructura, tanto por las personas que acondicionaron la sustancia en el vehículo como la participación de las acusadas para la comisión del delito.

Puso especial relevancia en el grave daño que la droga incautada habría causado en la salud pública, por lo que, al momento de referirse a las medidas de coerción, Toranzos solicitó la prisión preventiva para las acusadas.

Al analizar las prerrogativas legales para esta medida, el fiscal señaló que la situación de las acusadas encuadra con ellas. En ese sentido, indicó que el hecho cometido es de naturaleza grave, pues se trata de una cantidad importante de droga.

Señaló que el pronóstico de pena, ejercicio contemplado por el Código Procesal Penal Federal (CPPF), indica como muy probable que la condena que podría recaer sobre las acusadas será de cumplimiento efectivo, lo cual potencia el riesgo de fuga.

El fiscal Toranzos resaltó la gravedad del hecho, dado no sólo por la cantidad de droga incautada, sino también por la complejidad que surge de la maniobra.

Sostuvo también que, en libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación penal, la cual se encuentra en sus primeros pasos, pues aún restan medidas pendientes, entre ellas peritajes a los teléfonos celulares y otras averiguaciones del caso.

Respecto a la modalidad, también destacó que las acusadas no fueron ajenas al hecho, pues pusieron a disposición de la comisión delictiva un automóvil, registrado a nombre de una de ellas. El acondicionamiento de la droga en el tanque de combustible, reiteró, es una evidencia clara del conocimiento y consentimiento de ambas con el delito.

En cuanto a las circunstancias personales, el fiscal indicó con respecto a una de ellas, la propietaria del auto y gestora automotor, que no posee un arraigo demostrado, por lo cual en su caso solicitó que cumpla la prisión preventiva en una unidad carcelaria local.

Sobre la acompañante, y dado que existe cierto grado de presunción de una participación indirecta, como que el arraigo se encuentra comprobado y es el sustento económico de su familia, el fiscal pidió que cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, con los controles del caso.

Resolución

La defensora oficial Ximena Colombres no objetó la imputación penal, aunque cuestionó la prisión preventiva, a la cual se opuso y, en su remplazo, planteó la libertad de sus defendidas, quienes previamente pidieron declarar. En esa oportunidad la dueña del vehículo desvinculó del hecho a la acompañante, la que, a su vez, adujo desconocer lo sucedido.

La defensora alegó que el riesgo de fuga debía ser una posibilidad cierta, a la vez que calificó de especulativo el análisis de la fiscalía. Agregó que, más allá de los otros requisitos enumerados por el fiscal, la regla que debe prevalecer es la libertad.

Por último, se refirió a la situación de arraigo de sus defendidas y a su supuesto estado de vulnerabilidad. Esto último fue rechazado por el fiscal, quien aseguró que no “hay vulnerabilidad, ya que una de las acusadas es dueña del auto, por lo que existió un compromiso con la maniobra. Además, no se trata de un eslabón débil, ya que existió una planificación para el ocultamiento de la droga en el vehículo”.

Al expedirse sobre los planteos, el juez Medina compartió los argumentos esgrimidos por la fiscalía. Declaró la legalidad de la detención de las mujeres, dio por formalizada la investigación penal por el plazo requerido, de 45 días, y dictó la prisión preventiva en los términos expuestos por el fiscal.

En tal sentido, fundamentó que el CPPF establece las condiciones de aplicación de esta medida de coerción y coincide con los argumentos expuestos por la fiscalía en el presente caso.