20 de julio de 2024
20 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, de la Unidad Fiscal Salta
Salta: imputaron por entorpecer un vuelo a un pasajero que mencionó la palabra “bomba” al embarcar en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes
Mientras embarcaba un vuelo con destino a Buenos Aires, el acusado respondió positivamente cuando una operadora le preguntó, por protocolo, si llevaba un explosivo. En el acto, se activó el dispositivo de seguridad del caso, con la intervención de varias fuerzas. El incidente generó inconvenientes y la demora del vuelo.

En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar ayer a la imputación requerida por la Unidad Fiscal Salta en contra de Oscar Daniel Méndez por el delito de “entorpecimiento del transporte” aéreo.

La acusación fue instada por la Unidad Fiscal Salta, representada por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quien expuso los detalles del hecho ocurrido el 14 de mayo pasado, alrededor de las 14.40, cuando el acusado se presentó en el área de embarque de equipaje del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

La auxiliar fiscal indicó que, luego de entregar su valija, ante las preguntas de rigor de la receptora del equipaje, tales como si transportaba algún dispositivo explosivo, el pasajero dijo que llevaba una “bomba”, a lo que la empleada alertó a la supervisora, quien interrogó a Méndez respecto a si había mencionado esa palabra.

De acuerdo con lo expuesto por la representante del MPF, el acusado reconoció entonces que sí la había mencionado. Por esa razón, la supervisora de la línea aérea Jet Smart, por protocolo, dio aviso a las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Enseguida, se acordonó el lugar y se paralizó toda la actividad, lo que ocasionó la demora del despegue del vuelo.

En el marco del protocolo, prosiguió la auxiliar fiscal, se hizo presente personal uniformado y también de divisiones especiales de seguridad, tales como el Grupo Especial de Control de Explosivo y de Bomberos, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los especialistas realizaron la inspección del equipaje del imputado, que dio resultado negativo a la presencia de artefactos explosivos.

Méndez, en tanto, quedó detenido y ayer, en la audiencia de formalización de la investigación penal, fue imputado. Para sustentar la acusación, la auxiliar fiscal mencionó las pruebas reunidas y ratificó la comisión delictiva en la que incurrió el acusado, quien luego trató de minimizar la situación, al aludir al hecho como una broma.

Arrepentido

Frente a esta imputación, el imputado Méndez, quien declaró trabajar como encargado de un edificio, prestó declaración. Sostuvo que había llegado a Salta para pasar unos días de descanso con unos familiares y que tenía programado el retorno el martes, de Salta a Buenos Aires.

Reconoció haber mencionado la palabra “bomba”, pero en otro contexto. Indicó que, ante la pregunta de la empleada de la aerolínea, en el área de embarque, se sorprendió porque viajó ya en cuatro oportunidades y era la primera vez que le hacían alusión a si llevaba algún dispositivo explosivo.

“Ante la pregunta, dije que la bomba la había dejado en casa”, expresó el acusado, quien luego reconoció que “fue un error”, que se le escapó ese término y se manifestó arrepentido de todos los inconvenientes causados, en especial a sus parientes.

Su defensa, en tanto, se opuso a la imputación de la fiscalía por entender que la desafortunada situación acaecida por lo dicho por su defendido no causó un gran perjuicio. La auxiliar fiscal rebatió el argumento no sólo al describir la demora, sino también por el despliegue de personal de seguridad que suscitó el hecho.

Finalmente, el juez Bavio se inclinó por la posición de la fiscalía, ya que hubo un “entorpecimiento”. Explicó que no importaba si fueron 5 o 25 minutos porque el delito se cometió y la persecución penal de la fiscalía está acreditada. Por último, en materia de medidas de coerción, hizo lugar a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que se impusiera al acusado la obligación de no obstaculizar el proceso penal en curso.