En línea con el pedido de penas formulado por el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Salta condenó a siete años de prisión a tres personas -Edgardo Cruz, Alberto Martínez y Rolando Cano- al considerarlas coautoras del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes. La Fiscalía General N°1, a cargo del fiscal Carlos Amad, intervino en el debate.

El hecho ocurrió el 8 de abril de 2018, cuando personal de Gendarmería Nacional incautó en un vehículo manejado por Cano dos bolsas que contenían setenta y ocho paquetes rectangulares de marihuana con un peso total de 68,8 kilogramos, ocultos entre quince bolsas de hojas de coca.

Al mismo tiempo se pudo determinar, a partir de las tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas dispuestas por el juez de instrucción, que existían comunicaciones con el empleo de códigos para disimular maniobras de narcotráfico. También pudo establecerse que Martínez y Cruz eran los encargados de organizar el traslado, por lo que el día del hecho se montó el operativo en el que se detuvo a Cano, y a Martínez mientras intentaba darse a la fuga. Más tarde fue apresado Cruz, quien circulaba en otro auto cumpliendo las funciones de “puntero” para alertar sobre posibles controles o presencias policiales en la ruta.

El juicio oral se llevó a cabo entre el 11 y el 17 de septiembre, y el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta condenó a los acusados a las penas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. Al momento de los alegatos, la Fiscalía detalló los elementos probatorios incorporados en el debate, de los que surgieron que la maniobra desplegada por los tres acusados tenía como finalidad el transporte del estupefaciente procedente de Bolivia por la Argentina, y que tenían pleno conocimiento del hecho ilícito que estaban llevando a cabo; asimismo, se estableció la responsabilidad que le cabía a cada uno en la maniobra puesta al descubierto.

Por otra parte, el Tribunal también absolvió a un cuarto imputado por el beneficio de la duda, tal como fuera considerado por la Fiscalía General.