La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, formalizó la acusación a un hombre por la violación del aislamiento obligatorio, luego de ser hallado en la vía pública sin la autorización correspondiente y a 30 cuadras del domicilio donde debía permanecer para cumplir la prisión domiciliaria que se le había concedido seis horas, antes en el marco de una investigación por transporte agravado de estupefacientes.

En una audiencia de formalización de investigación, celebrada el lunes pasado bajo la dirección del juez de Garantías 1, Julio Bavio, el fiscal presentó el caso, el cual derivó en la revocación del beneficio que había sido otorgado por el mismo magistrado el 4 de abril pasado.

En su exposición del hecho, Villalba relató que las actuaciones se iniciaron a partir de la intervención de efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta, de Gendarmería Nacional, quienes realizaban un patrullaje de prevención en Villa Primavera, en el marco del DNU 297/20.

Alrededor de las 18 horas del 4 de abril, los gendarmes –explicó el fiscal- divisaron en la calle Juan Ramón Boedo al 900, de ese barrio, a tres personas en motocicletas reunidos en la vereda, por lo que decidieron acercarse e identificarse como personal de la fuerza, circunstancias en que los tres individuos ingresaron rápidamente a una vivienda. De acuerdo a lo expresado en la audiencia, dos mujeres salieron y adujeron ser propietarias de dos de los rodados, lo que acreditaron mediante la documentación respectiva. Tras requerir la presencia del propietario de la tercera motocicleta, uno de los individuos que previamente había ingresado a la casa, se presentó y dijo ser el dueño.

El mismo se identificó como G.R.V., quien aseguró ser el dueño de la moto, pero no contaba con la documentación que lo acredite ni tampoco con su DNI, por lo que los gendarmes, al seguir con el protocolo, realizaron la consulta a la base de datos SICOF, que indicó que la persona registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737.

En esas circunstancias, V. dijo espontáneamente que gozaba del beneficio de prisión domiciliaria y que debía cumplirla en un domicilio del barrio Virgen de Rosario, distante a 30 cuadras de donde fue encontrado. En vista de ello, y por no contar con justificación alguna que lo autorice a circular, el personal procedió a labrar el acta de intimación por incumplimiento al Aislamiento Social, Obligatorio y Preventivo, el secuestro de la motocicleta y la demora del mismo.

Dada la situación de antagonismo contra las fuerzas de seguridad por parte de los vecinos de la zona, quienes comenzaron a agolparse y arrojar piedras, y por disposición de la fiscalía, el personal trasladó al hombre hasta las instalaciones de la Agrupación VII, donde prosiguieron con el protocolo de rigor.

Imputación

Villalba formuló la acusación en torno al artículo 205 del Código Penal -violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia-. Enfatizó que el acusado se hallaba en la vía pública sin ningún tipo de justificación, por lo que adujo que fue claro el incumplimiento de la normativa prevista en el DNU 297/2020, que establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.

“No solo transgredió dicha disposición, sino que al encontrarse en la vía pública, también violó la prisión domiciliaria que habían hecho  efectiva unas horas antes en la causa penal por la que es investigado desde febrero pasado, cuando el fiscal Toranzos formalizó la investigación en su contra y de otros dos detenidos más por el delito de transporte de estupefaciente agravado”, sostuvo Villalba.

Resaltó que “en favor del acusado se había dispuesto la prisión domiciliaria, lo que se efectivizó el mismo 4 de abril, aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras que a las pocas horas, alrededor de las 18 de ese mismo día, fue sorprendido en la vía pública y a 30 cuadras de la vivienda donde debía cumplir con la prisión domiciliaria”.

En vista de ello, el fiscal solicitó se revoque el beneficio otorgado en los términos del art. 226 del Código Procesal Penal Federal y que se disponga el alojamiento en la Unidad 16 del Servicio Penitenciario Federal hasta el 10 de junio próximo en carácter de prisión preventiva.

Presentó las pruebas respectivas para sostener la acusación bajo un proceso común, como así también, y atento los arts. 219 y 223 del CPPF, y conforme a las instrucciones de PGN 27/2020, requirió como medida cautelar el decomiso de la motocicleta secuestrada.

Ante la exposición del fiscal, las pruebas presentadas y la ausencia de planteos por parte de la defensa, el juez Bavio hizo lugar a todo lo solicitado por Villalba. La audiencia, dispuesta y preparada por la Oficina Judicial, se realizó por videoconferencia, con cada una de las partes desde sus lugares de trabajo, mientras que el acusado lo hizo desde su lugar de detención.