20 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En la audiencia intervino el fiscal general Dante Vega
San Juan: confirmaron el procesamiento de los acusados por la desaparición de Raúl Tellechea
La Cámara Federal de Mendoza convalidó lo resuelto en la etapa de instrucción. La hipótesis investigativa apunta a que el crimen se produjo porque la víctima habría descubierto "maniobras fraudulentas" por parte de la comisión directiva de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó los procesamientos de los seis acusados por la desaparición forzada del ingeniero y empleado de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, Raúl Tellechea. El fiscal general Dante Vega intervino en la audiencia en representación del Ministerio Público Fiscal.

En su resolución, los camaristas subrogantes Roberto Naciff y Raúl Fourcade rechazaron los recursos interpuestos por el ex secretario de Desarrollo Social Luis Héctor Moyano; Eduardo Rubén Oro; Miguel Alejandro Del Castillo; Luis Angel Alonso y el ex policía Alberto Vicente Flores. Junto a ellos también se encuentra procesado Sebastián Cortéz Páez, según lo dispuso en septiembre de 2015 el juez federal de instrucción de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, en el marco de la causa en la que interviene el fiscal federal Francisco Maldonado.

El caso

Raúl Félix Tellechea desapareció el 28 de septiembre de 2004, cuando salió de la casa de su pareja en bicicleta, rumbo a su domicilio. Allí se encontraron todas sus pertenencias, entre ellas, sus documentos, su bicicleta y la insulina que debía consumir diariamente. La línea de investigación apunta a que Tellechea habría descubierto manejos irregulares de dinero en la Mutual de la Universidad y que estaba dispuesto a denunciarlo. La defensa de los imputados planteó lo contrario: que la víctima fue responsable de esas maniobras y que por ello desapareció. Tellechea era, a su vez, docente de informática y programación, y ocupaba importantes cargos en asociaciones de ciclismo locales y nacionales.

El fallo de la Cámara Federal

Los magistrados del tribunal de alzada, contrariamente a lo argumentado por las defensas, señalaron que la resolución del juez de instrucción “contiene una acabada, detallada y precisa descripción y ponderación de las maniobras llevadas a cabo por cada uno de los imputados; una sólida valoración de la prueba recabada hasta el momento, como así también se advierte que se ha efectuado una correcta adecuación de la misma a la conducta penal endilgada”.

En ese sentido, destacaron “la cantidad de indicios -graves, precisos y concordantes-” que “permiten inferir que los imputados deliberadamente orquestaron un plan para secuestrar a Tellechea a fin de ocultar el irregular manejo de los fondos de la mutual”.

Por otra parte, los jueces consideraron probada “la calidad de funcionarios públicos de los imputados y su relación con las fuerzas de seguridad y estatales”.

Calificación legal

“Cabe afirmar que se dan los elementos del tipo penal contemplado en el artículo 142 ter; toda vez que la privación de libertad de Tellechea posee las características de ilegítima y, además, se configuró el segundo tramo del tipo: la falta de información. Que esta circunstancia se configura en el caso concreto, por cuanto se pergeñó un plan efectuando una denuncia falsa, en contra de Tellechea, a fin de desviar las investigaciones y desconocer su paradero durante más de diez años”, continuaron los jueces. “Asimismo, de las pruebas recabadas hasta el momento, se advierte el dolo configurativo del tipo penal endilgado, toda vez que las mismas señalan ‘prima facie’ que Alonso, Moyano, Flores, Del Castillo y Oro desde la Mutual armaron declaraciones judiciales para armar una causa en contra de Raúl Félix Tellechea, a fin de desviar la investigación y de ese modo poder mantener oculta la información indispensable para conocer la suerte corrida por la víctima”, agregaron.

En otro tramo del fallo, Naciff y Fourcade resaltaron lo expresado por el MPF en un informe, al señalar que “este mecanismo de impunidad tuvo el apoyo del Estado a través de la coautoría funcional de Luis Moyano, funcionario público que, a su vez, contó con colaboración de fuerzas de seguridad de la Provincia y de los operadores judiciales que no promovieron una investigación seria y eficiente, sino todo lo contrario, que abonaron la hipótesis de la ausencia voluntaria instada desde los co-autores”.