En línea con lo solicitado por el responsable de la Fiscalía Federal de San Luis Cristian Rachid, el juez federal de esa jurisdicción Juan Esteban Maqueda dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de la ex rectora de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Gladys María Ciuffo, y de la ex secretaria de Hacienda de esa casa de estudios, Nélida Figuerola, en orden a los delitos de sustracción y/o malversación de caudales públicos, por un importe de 2.857.104,49 pesos de los 5 millones que les fueran asignados en el marco del Programa de apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas (PROUN).

En su presentación, el fiscal Rachid consideró que Ciuffo debía ser indagada como autora, en virtud de haber recibido los citados fondos por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación -mediante un convenio suscripto el 20 de noviembre de 2013- para ser aplicados a gastos específicos comprendidos dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo de Universidades Nuevas. Sin embargo, y de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la ex rectora dispuso de esos fondos y omitió rendir “el destino dado a los mismos, ello en un contexto de organización interna funcional al manejo y aplicación discrecional, arbitrario e irrestricto de los recursos universitarios en general”.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía indagarse a la ex secretaria de Hacienda de la Universidad, por idénticos delitos, en grado de participación necesaria.

El fiscal Rachid consideró además que “a casi dos años de la ya reseñada rendición de cuentas parcial de la inversión de los fondos PROUN 2013 (realizada por las imputadas), en la que se informó un total de gastos rendidos de $ 2.142.895,11 y un monto de gastos en ejecución –por ende con rendición pendiente- de $1.883.043,16 (con un saldo disponible de $949.177,01); se seguía en definitiva adeudando la rendición de la mayoría de los fondos transferidos ($2.857.104,49), a pesar que, supuestamente, la mayoría de ese saldo se estaba ejecutando casi dos años antes. En tanto que en relación a los fondos rendidos, se adeudaban igualmente a esa fecha antecedentes directamente relacionados con el costo de las adquisiciones de mayor valor efectuadas en el marco de dicho convenio”, como fue el caso de dos automotores. Concluyó que “ello impone sospechar, ya sea, el desvío de dichos fondos para otros destinos administrativos no autorizados al momento de su asignación o, incluso, su lisa y llana sustracción del ámbito administrativo”.

Por otra parte, en la investigación tampoco fue posible explicar el origen de los fondos empleados para la adquisición de un inmueble –por un precio que ascendería a $2.900.000- y que no estaba comprendido entre aquellos destinos autorizados de los fondos remitidos en el marco del convenio PROUN. Si bien se tramitó la asignación especial de los fondos para la obtención del inmueble, no se registró ningún acto administrativo –por parte de la administración central- que haya autorizado o avalado expresamente la compra del edificio ni la asignación de fondos para la misma. De hecho, “cuando en la Secretaría de Políticas Universitarias se daba inicio al trámite provocado con aquella solicitud, la imputada ya había decidido la compra, destinando al efecto recursos propios de la UNViMe, sin esperar acto alguno desde la administración central que le asegurara el oportuno reintegro de los mismos y con ello, en definitiva, la validez del procedimiento administrativo seguido localmente al efecto”.

Accionar discrecional

En relación al accionar discrecional de la ex rectora, el fiscal hizo hincapié en la “calificación de arbitrario del proceder de la funcionaria se funda en la consideración del marco organizacional interno que –en tanto que la máxima responsable del organismo en cuestión- la misma configuró y que resultó claramente funcional a dicha discrecionalidad y arbitrariedad: extravío del expediente interno relacionado con la ejecución y rendición de los gastos del PROUN 2013; falta de redición de más de la mitad de los mismos; utilización de recursos propios –cuya previa afectación legal a otros destinos administrativos específicos no puede descartarse- para la adquisición intempestiva de un inmueble, especulando con el recupero de aquellos a través de una posterior partida especial que se solicitó de la administración central y que, meses después de concretada aquella operación, no se había asignado; todo ello en un marco de decisión y actuación de la nombrada Rectora Organizadora absolutamente unilateral, exento de toda instancia de control interno y con el solo refrendo de la coimputada Secretaria de Hacienda universitaria”.

Asimismo, tal maniobra evidencia también la intervención de la imputada Figuerola –aunque en un grado participación necesaria- “pues la misma carecía de las competencias legales–y por ende no titularizaba los respectivos deberes infraccionados- para administrar, en sentido penalmente típico, los fondos sustraídos o desviados. No obstante, los deberes de control, asistencia y refrendo de la actuación rectoral inherentes a su función de Secretaria de Hacienda universitaria; y su concreta intervención, según fue precisada, en los trámites internos relacionados con la administración, aplicación y rendición de  los fondos en cuestión, permiten sospechar su directo aporte criminal”.

Por todo ello, el fiscal Rachid requirió que ambas ex funcionarias sean indagadas en relación a los hechos que se le endilgan. Tal petición fue aceptada por el Juez Federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, quien ordenó la citación de las imputadas, a fin de que presten declaración indagatoria.