El responsable de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, requirió la convocatoria a prestar declaración indagatoria de 86 personas, en el marco de una causa donde se investigan una serie de delitos contra la fe pública en concurso con violaciones a Ley Electoral Nacional que habrían tenido lugar en la localidad de Arizona, ubicada al sur de la provincia de San Luis.

La causa tuvo su origen el 7 de septiembre de 2015 a partir de la denuncia efectuada en la sede de la Fiscalía por un particular, quien refirió que en el municipio de Arizona –perteneciente al departamento de Dupuy, a unos 345 km la capital provincial- concurrían a votar personas que no se encontraban domiciliadas en dicha localidad. Una vez que le fuera delegada la instrucción en los términos del art.196 del CPPN, desde la Fiscalía se llevaron adelante una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan los pedidos de informes a organismos públicos tendientes a constatar el domicilio de las personas señaladas y el allanamiento realizado en la sede del Registro Civil de Arizona, donde se secuestró documentación de interés para la causa.

La maniobra

En base a las pruebas colectadas durante la pesquisa, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó la existencia de múltiples cambios falsos de domicilio a Arizona por parte de personas que, predominantemente, registraban domicilio en las ciudades de General Pico (La Pampa) y General Alvear (Mendoza).  Ninguno de los imputados en la causa se mudó efectivamente al municipio y, más aún, ni siquiera acreditaron los requisitos legales exigidos para obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a las elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y municipales) de ese año. Tal maniobra habría sido propiciada por el entonces intendente Pedro Jorge Figueroa con el objetivo de que los nuevos “electores” sufraguen a favor de su hijo, quien finalmente resultó elegido y actualmente se encuentra a cargo del ejecutivo municipal. A cambio de su voto, el mandatario les ofrecía la habilitación para conducir vehículo automotor en la categoría profesional. El ilegítimo otorgamiento de dicha licencia a los imputados (quienes, como se dijo, se domiciliaban en otras provincias) se llevaba a cabo de manera irregular, sin la exigencia de ninguno de los requisitos vigentes para la categoría profesional, tales como el certificado médico, examen teórico práctico, entre otros. Más aún, la investigación permitió verificar que, en la mayoría de los casos, los acusados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa localidad.

Más del 90% de los electores investigados omitió presentarse al ballotage presidencial que tuvo lugar en noviembre de 2015, circunstancia que, contrapuesta con el altísimo acatamiento observado por los mismos electores en las PASO y las elecciones generales, pone de manifiesto el acuerdo común focalizado en el interés local-municipal. De hecho, registros fílmicos y fotográficos tomados por personal de la Policía Federal Argentina permitieron identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que trasladaban a muchos de los “falsos” electores durante los días previos a la jornada electoral del 25 de octubre de 2015.

A la hora de dimensionar el ilícito detectado, la Fiscalía puso de relieve que el circuito 111 Arizona San Luis contaba en 2015 con un total de 852 electores, con lo cual los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de la mencionada localidad.

La Fiscalía indicó que la intervención en la maniobra de Figueroa obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado electoral favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal de todos los electores mencionados: en efecto, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte –necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo, extendió ilegítimamente las sendas licencias de conducir que proporcionó, a cambio de su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados.

“Por tales motivos, y una vez más, es posible sostener que tales extremos hubieran sido de imposible realización sin la participación ardidosa del por entonces intendente de Arizona Jorge Pedro Figueroa, quien deliberada y arbitrariamente confirió tales licencias de conducir a todos y cada uno de los electores imputados en la presente causa sin observar ninguno de los requisitos pertinentes de la normativa vial, a cambio de que estos concurran a votar en las mesas habilitadas en el circuito electoral 111 Arizona San Luis, durante las elecciones PASO y GENERALES del año 2015”, consignó el fiscal.

El llamado a indagatoria  alcanza a la totalidad de los falsos electores detectados (por infracción a los arts. 293 del CP y art. 137 del CEN), al por entonces intendente y a la encargada de la oficina local del Registro Civil por idénticos delitos en concurso con infracción al art. 248 del CP; así  como a los efectivos policiales que extendieron falsos certificados de domicilio a favor de los electores imputados y a testigos civiles que efectuaron falsas declaraciones con los mismos fines, en sendos certificados falsos de residencia (en los dos últimos casos, por infracción al art. 293 del CP).-