28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el fiscal general Abel Córdoba con la asistencia de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
San Martín: condenaron a cinco hombres por tráfico de estupefacientes y decomisaron una quinta donde se producía marihuana
En línea con lo solicitado por la Fiscalía, el Tribunal aplicó penas de prisión de 4 años y 8 meses a uno de los imputados y de 4 años para los restantes. También ordenó decomisar la totalidad del inmueble donde se desarrollaba el cultivo de estupefacientes, que se encontraba registrado a nombre de terceros.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de San Martín impuso penas de cuatro años de prisión para cuatro hombres y de cuatro años y ocho meses de prisión para otro por la comercialización de diversos tóxicos, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y la realización de una explotación agrícola de marihuana, con plantación y siembre a gran escala.

Los condenados son David Fernando Mahecha González, Maximiliano Ciancio, Elkin Ferley Roa Castro, Martín Adrián Rey y Sergio Daniel Fernández, quien recibió la pena más alta. Las condenas fueron impuestas en el final de un juicio abreviado celebrado el viernes pasado.

El tribunal, compuesto por la jueza Maria Lucia Cassain y los jueces Alejandro De Korvez y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral consideró acreditado que los acusados llevaron a cabo la actividad mercantil ilícita de diversos tóxicos y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También se acreditó el desarrollo de una actividad agrícola vinculada con la plantación y siembre de marihuana a gran escala en una quinta situada en la localidad de Mariano Acosta provincia de Buenos Aires.

Decomiso del inmueble

La Fiscalía General a cargo de Abel Córdoba, con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, requirió el decomiso de la totalidad del inmueble donde se desarrollaba el cultivo de estupefacientes.

Si bien la defensa alegó que sólo una parte indivisa pertenecía al imputado y el resto era propiedad de terceros, la Fiscalía pudo demostrar que en su totalidad correspondía al imputado, teniendo en cuenta el funcionamiento como unidad económica de toda esa quinta (que tenía sistema de riego único y conexión de electricidad común para toda la superficie), aún cuando el bien no estaba formalmente registrado a su nombre. Asimismo, acreditó que quienes reclamaban derechos sobre el inmueble no podían ignorar el destino ilícito que se le dio, por lo cual se impuso su decomiso en función de la normativa vigente.