Tras un pedido realizado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, el juez federal de esa ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó tres allanamientos en el marco de una causa donde se investigan maniobras relacionadas con la compra-venta de cobre. En los operativos realizados ayer se secuestraron 7500 kilos de ese metal, dos vehículos, 120 mil pesos y teléfonos celulares de las personas involucradas en la trama.

Los allanamientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa Federal de San Nicolás de la Policía Federal Argentina y se concretaron en un galpón en esa localidad, en una chatarrería de San Pedro y en una vivienda particular ubicada en Santa Lucía. El cobre estaba distribuido en distintas bolsas de arpillera.

La investigación encabezada por el fiscal Di Lello -con la intervención del secretario Wenceslao Hernando Insúa- comenzó con una denuncia realizada por la empresa Telecom. De acuerdo a esa presentación, la compañía fue víctima de “innumerables hechos de robo relacionados con los equipos y la infraestructura instalada en la vía pública”. Específicamente, Telecom sostuvo que el 18 de septiembre del año pasado durante la madrugada fueron robados 90 metros de cable en San Pedro. Como consecuencia de ello, alrededor de 50 clientes de la zona estuvieron sin servicio.

La fiscalía dispuso entonces que la División Unidad Operativa de la PFA realice una serie de tareas investigativas con el objetivo de individualizar a los posibles autores del hecho. En ese marco, se pudo constatar que en San Pedro funcionaba una chatarrería que adquiría cobre (sin el forro o vaina que lo recubre) y lo pagaba a 1000 pesos.

En el marco de esas tareas de investigación, se pudo observar que en diferentes días y horarios, entre marzo y mayo de este año, se acercaron distintas personas con bolsas que, por su forma, podrían contener cobre. Además, se pudo establecer que luego de adquirir el cobre, los implicados en la maniobra lo retiraban del comercio y lo trasladaban a sus domicilios para evitar el acopio en ese lugar.

Si bien no se pudo individualizar a los posibles autores de la sustracción de cables, la fiscalía sostuvo que los allanamientos tanto a la chatarrería, el domicilio de uno de los dueños del local y el depósito del comprador mayorista del metal eran necesarios para avanzar con la causa y desentrañar la maniobra delictiva. Si bien los acusados compraban el cobre a 1000 pesos el kilo, el metal puede venderse hasta en 11 mil pesos por esa misma cantidad.