A partir de una investigación de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe, se logró desbaratar una red organizada que captaba víctimas en la capital de la provincia y posteriormente las trasladaba a las ciudades de Puerto General San Martín y San Lorenzo, para ser explotadas sexualmente. También se pudo identificar la participación de un funcionario policial.

Tras notificarse del dictamen elaborado el 18 de junio de este año por la fiscalía a cargo Walter Rodríguez, que daba cuenta de la existencia de la red, el Juzgado Federal N° 1 emitió órdenes de requisa de personas y vehículos, allanamientos, detenciones e intervenciones telefónicas. Como consecuencia de ello, el 24 del mismo mes se logró interceptar un vehículo que transitaba por la Autopista Brigadier López, conducido por uno de los involucrados; al ser detenido, se pudo verificar que trasladaba 6 mujeres, dos de ellas menores de edad, y fueron secuestrados del interior del vehículo 30 preservativos y un papel con nombres de mujeres y montos expresados en números, entre otros elementos.

Con el avance de las investigaciones y los testimonios aportados por las víctimas, se constató que eran 4 las personas que conformaban la red, quienes se negaron a brindar las respectivas declaraciones indagatorias. Finalmente, el 4 de julio pasado la fiscalía solicitó el procesamiento de los imputados por considerar que se habían “reunido elementos de convicción suficientes”, pedido al que accedió el juzgado.

El requerimiento del fiscal

El auto de procesamiento formulado por la fiscalía valoró especialmente los testimonios de las mujeres, a partir de los cuales se identificó y probó la dinámica operativa de la red:

• Martín Oscar Gómez se encargaba de buscar y trasladar a las mujeres, diariamente, desde la ciudad de Santa Fe hasta Puerto General San Martín y San Lorenzo.

• Mariela Alejandra Sandoval coordinaba el traslado de las mujeres hacia los puntos de explotación sexual y muchas veces las acompañaba durante el trayecto; una vez allí les asignaba a cada una de ellas un lugar (“una parada)”, al tiempo que al finalizar la jornada recaudaba el dinero proveniente de la actividad.

• Zunilda Guadalupe Godoy se encontraba al frente de la organización, recibiendo a las víctimas, y coordinaba con la colaboración de Sandoval, su posterior traslado a los diversos puntos de explotación sexual.

• Rodrigo Adán María Delgadino, valiéndose de su condición de empleado de la Comisaría 5ta. de Puerto General San Martín, se encargaba de garantizar “la zona liberada” del territorio donde se concretaba la explotación sexual a cambio de una retribución económica.

En cuanto a las víctimas, según elementos incorporados a la causa, el régimen imperante tenía las siguientes características:

• Si la explotación sexual no llegaba a rendir ganancias para cubrir el pago del “pasaje”, las víctimas eran trasladas a otro lugar “a voltear camiones” hasta que se produjese el dinero suficiente.

• Si mujeres explotadas sexualmente, decidían “no trabajar” se les cobraba el día.

• En ese caso, si el aviso era hecho antes de las 17 horas debían abonar 30 pesos, de lo contrario, “el pasaje completo”.

Finalmente, el fiscal Walter Rodríguez resaltó que el accionar ilícito de los involucrados se encuentra agravado “por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trasladadas con fines de explotación, extremo acreditado mediante los testimonios de todas ellas, pues de allí surgen las condiciones socio económicas y familiares desfavorables en las que se hallan inmersas”.