El Juzgado Federal N° 1 de la provincia de Santa Fe, que investiga la acusación contra Marcelo Bertolotti y Miguel Ángel Vázquez -secretario general y secretario adjunto del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional de Santa Fe, respectivamente- hizo lugar a un pedido conjunto formulado por la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe y por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, tendiente a la inmovilización durante el proceso de los inmuebles que fueron objeto de la maniobra fraudulenta.

En la causa se investiga a los imputados, como también a la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi, por los delitos de falsificación ideológica de documento público para concretar un negocio inmobiliario fraudulento en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato para que construyera una nueva sede gremial. Se trata de una propiedad de 1809,02 m², dos unidades funcionales, un semipiso y oficinas que fueron objeto de un negocio inmobiliario fraudulento

Según detalló el fiscal federal Walter Rodríguez al solicitar las declaraciones indagatorias de los imputados, “Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que, según cifras ‘oficiales’, rondaría el valor de 400.000 dólares estadounidenses al momento de los hechos -con complicidad cuanto menos de Dechanzi- valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión”.

Rodríguez explicó que “Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria S.A., celebrado el 16 de julio de 2013, es decir, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble”. A cambio, precisó el fiscal federal, las autoridades del Sindicato aceptaron la transferencia de dos departamentos con cochera.

Ahora, en consonancia con lo requerido por la Fiscalía y por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, el Juzgado Federal ordenó en forma temprana el embargo preventivo tanto de los terrenos que inicialmente habían sido donados por Vialidad Nacional al Sindicato del Personal de Vialidad Nacional de Santa Fe, como de los inmuebles (dos unidades funcionales en un edificio de departamentos y un departamento de oficinas) que el sindicato recibiera a través del contrato de permuta, para evitar que durante el tiempo que transcurre mientras se desarrolla el proceso penal se realicen transferencias de dominio sobre los referidos inmuebles que terminen por frustrar su decomiso o restitución.