El 18 de septiembre de 2013, la Policía Federal allanó un domicilio en la ciudad de Santa Fe en el que además funcionaba un kiosco. Los uniformados contaban con varios elementos que, gracias a la investigación dirigida por el fiscal Federal Walter Rodríguez, señalaban que el local era una pantalla que encubría la comercialización de cocaína. La hipótesis de la pesquisa se comprobó durante el operativo policial que logró dar con 223 envoltorios que contenían esa droga, listos para ser vendidos.

En la casa, habitaban tres de los cuatro procesados. Se trata de Martín Godoy, Miriam Maricel Saucedo y su hijo Jonatan Martín Saucedo. Asimismo, se comprobó que Godoy y Miriam Saucedo eran ex cónyuges. En el allanamiento, también se incautaron 21 teléfonos celulares que, se sospecha, eran empleados para comunicarse con los compradores, proveedores de la droga y, en especial, con el otro imputado, Raúl Narciso “Beto” Basimiani.

El fiscal Rodríguez solicitó la elevación a juicio de los cuatro por delitos contemplados en la ley de estupefacientes. En el caso de Godoy y los Saucedo, los acusa por “la tenencia en forma conjunta y con fines de comercialización e intervención de más de tres personas” de cocaína. Mientras que a Raúl Narciso Basimiani, se le imputa “haber organizado actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes con la intervención de más de tres personas, […] teniendo poder de disposición sobre el material estupefaciente” secuestrado.

Las empresas de “Beto”

La investigación arrojó que Basimiani manejaba los kioscos "El Puente" y "El Tatengue". Este último se encontraba en la casa en la que vivían Miriam y Jonatan Saucedo, que a su vez son hermana y sobrino de Basimini. Durante la indagatoria que prestó “Beto”, mencionó que estaba al tanto de lo que hacían sus familiares, pero que él no tenía participación en los hechos. Desde ya, la parte del desconocimiento de las actividades ilícitas fue desmentida por las investigaciones de la Fiscalía y los procesamientos que dictó el juez y más tarde confirmó la Cámara de Apelaciones.

Por otra parte, durante la pesquisa, se reveló que Basimiani contaba con protección policial y política en la zona que se movilizaba para llevar a cabo la venta de estupefacientes. Las presunciones partieron de las declaraciones de los testigos que participaron en la causa y otras pruebas, tales como las escuchas telefónicas y la lectura de mensajes de texto. Por esto, se ordenó el allanamiento con la participación de la Policía Federal y no de la local, ya que se sospechaba que esta última fuerza podía dar aviso al empresario.

La sospecha de esta ayuda se incrementó luego de que, en el operativo realizado en la vivienda de Basimiani, se encontraran un chaleco antibalas de la Policía de Santa Fe y una funda de chaleco tipo táctico operativo sin placas blindadas, “elementos comúnmente utilizados por las fuerzas de seguridad”, destacó Rodríguez, quien además señaló que este vínculo “guarda sintonía con otros casos [ocurridos en la provincia de Santa Fe] en los que este Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio y actualmente esperan la realización del debate oral y público (Tognolli y Baella, entre otros)”.

Pero el fiscal Federal también explicó que Basimiani utilizaba como “'pantalla” la firma "Beto Basimiani Producciones y Eventos Artísticos". Esto, dijo, se desprendía tanto del testimonio de la persona que “arrimó la noticia criminal cuando afirmó que ‘Beto’ realizaba ‘eventos de música’ para ‘blanquear’ el dinero proveniente del narcotráfico, como del informe recientemente incorporado a la causa y elaborado por la Unidad de Información Financiera” (UIA), “a partir del cual también se determinó que Soledad Angélica González -cónyuge de Basimiani- durante los años 2009 a 2013 adquirió el 100% de titularidad” de varios vehículos, muchos de ellos importados de alta gama. Pese a estos bienes, González, la esposa de “Beto”, figuraba inscripta como monotributista en la categoría más baja, en la cual sus ingresos anuales no deberían superar los doce mil pesos, a lo que también se agregó que había percibido liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo en los períodos 01/2011 y 01/2013.

De esta manera, además del requerimiento de elevación a juicio, Rodríguez también solicitó que se formara una causa por separado para investigar “la posible comisión de delitos vinculados con el aprovechamiento económico del producido de la venta de estupefacientes”.