El fiscal federal de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez, requirió la indagatoria de seis policías, entre ellos el líder de la organización APROPOL, Alberto Rubén Martínez, a quienes imputó instigación a cometer delitos y sedición durante la protesta policial realizada en esa capital y zonas aledañas a comienzo de diciembre pasado, en reclamo de mejoras salariales. Rodríguez puso el dictamen en conocimiento de la comisión de fiscales creada en diciembre por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para investigar delitos contra el orden constitucional.

El fiscal analizó las intervenciones de Martínez a través de las cuentas de Twitter y Facebook de aquella organización que motorizó los reclamos policiales, intervenciones telefónicas, videos y los audios de la radio policial. Rodríguez concluyó que las escuchas "evidencian la voluntad de Martínez en punto a provocar e incentivar el comportamiento sedicioso de los policías en actividad".

"La instigación promovida desde los espacios virtuales sirvió para expandir el conocimiento de las convocatorias lanzadas por el nombrado propiciando un estado de desobediencia generalizado, que logró incluso comulgar con grupos que se presentaron públicamente bajo la denominación de 'auto convocados', a quienes se les reconoció el derecho a entablar negociaciones alrededor del conflicto", indicó en su dictamen el representante del Ministerio Público.

Junto a Martínez también están imputados Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño, Oscar Alberto Aguirres, Mauricio Miguel Pagani y Alejandro Miguel Zamaro, quienes, según el fiscal Rodríguez, "se movilizaron en forma organizada y conjunta -con la intervención de terceros aún no identificados- y contribuyeron con sus aportes individuales al alzamiento de la policía provincial a la que pertenecen, lo que derivó, días más tarde, en el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad".

En ese sentido, Rodríguez puso de relieve que los policías, que portan armas proporcionadas por el Estado, "en lugar de mantener el orden público y la paz social, dispusieron de ellas en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal".

El fiscal describió que "esa intervención se ha verificado a partir de un 'movimiento organizado', esto es, una agrupación no formal de individuos destinada al logro de fines determinados y bajo el accionar medianamente planificado de sus integrantes, que en el caso de los aquí imputados por el delito de sedición cumplieron principalmente el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas".

En ese marco, "el Poder Ejecutivo provincial entabló negociaciones bajo condiciones que redujeron su ámbito de decisión", consideró el fiscal, que asimismo refirió que "el cumplimiento de las numerosas indicaciones brindadas por el imputado [Martínez] alrededor de una medida de fuerza ilegal fueron verificadas con inmediatez desde su aspecto fáctico y guardan estricta sintonía con los designios personales del auto alegado líder sindical".

Al analizar las escuchas telefónicas, el fiscal citó algunas frases atribuidas a Martínez: "las comisarías no tienen que laburar, guardias mínimas" y "hay que cerrar las comisarías y decretar el paro".

"Estoy haciendo un desastre en las redes. Escuchame, es lo único que puedo hacer desde acá. Escuchame negro, por favor, cuando pongan los móviles en la puerta. Tienen que estar los míviles bloqueando en la puerta. Con un cartel que diga: ESTAMOS DE PARO VENÍ A PATRULLAR VOS BONFATTI... VENÍ VOS CON BERNI", transcribió Rodríguez una comunicación del imputado Martínez.

En otra de las comunicaciones mantenidas por Martínez, un tal Richard, quien se identificó como Secretario General del Sindicato de los Portuarios, dijo: "los 1200 monos que yo tengo, que son de Granada, el Barrio Las Flores, le van a quemar la casa de gobierno, ahí sí van a tener, hijos de puta, se van a tener que ir por la puerta de atrás le digo".

Durante otra conversación con un interlocutor identificado como "Negro", Martínez refirió: "Hay que sacar los móviles a la calle, ahí a la vereda, si es necesario que le quiebren la llave. Que lo engranen, lo traben y le quiebren la llave... La llave, vamos a aclarar, la llave del apriete, vos me entendés lo que te digo. Cómo se quiebra la llave del apriete? Poniendo un cartel: estamos de huelga".

Rodríguez señaló la protesta de los policías cordobeses como el antecedente de los delitos perpetrados por los policías santafesinos y en su dictamen realizó una pormenorizada descripción del contexto en el que se produjo la ilegal medida de fuerza policial, haciendo un repaso de los principales acontecimientos sucedidos en las diferentes provincias.

El dictamen incluye manifestaciones del ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, quien denunció que el 6 de diciembre -en la cúspide del conflicto- hubo sabotajes a las frecuencias 4 y 9 de la radio policial, "pulsando el transmisor y molestando y arengando por el acuartelamiento" y que más tarde no había comunicaciones por la radio.

El fiscal también cita diálogos que se dieron entre efectivos por la radio policial. En una de las conversaciones, desde la central de emergencias 911 se requiere la presencia de uniformados en un domicilio. Y la respuesta:
- Estamos de paro, estamos de paro.
- Sí, pero esa gente no tiene la culpa, chicos.
- Nosotros tampoco, estamos de paro.

Ante otro pedido similar de parte de una operadora que, frente a la negativa a asistir a un pedido de ayuda les dice a los policías que va a dejar constancia, le replican: "Dejá el conste, forra, hija de puta, cerrá el orto que vos también vas a cobrar el aumento de sueldo, si nos dan, forra".

Los audios largamente transcriptos muestran a los policías "inconmovibles a la hora de acudir al auxilio de ciudadanos que resultaron víctimas de delitos e incluso, revelando en algunos pasajes, el calibre de las agresiones verbales que recibían quienes no hicieron abandono del servicio", indicó Rodríguez.

"El movimiento sedicioso presionó el logro de sus objetivos inherentes al mejoramiento de condiciones laborales, valiéndose del abandono acentuado de actividades propias de seguridad pública durante los días en los que transcurrió el orquestado 'conflicto policial', registrándose diversos hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos y lugares particulares ubicados en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas", agregó el fiscal.

En su escrito Rodríguez también solicitó que se requiera a la jueza provincial Susana Luna su inhibición -es decir, la remisión del expediente a la justicia federal- en la causa por las amenazas que recibió en su teléfono celular el gobernador Antonio Bonfatti, dado que entiende que ese hecho "se superpone parcialmente con aquellos sucesos".