El fiscal Jorge Gustavo Onel, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, solicitó juicio oral para tres hombres involucrados por el secuestro de un joven ocurrido en la ciudad santafesina de Gálvez en abril de este año. En el caso, colaboró la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que tras la Resolución PGN N°79/2023 pasó a llamarse Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), bajo la dirección del fiscal Santiago Marquevich.

Los hermanos Franco y Martin Quevedo y el personal administrativo dentro del Ejército Argentino Jonatán David Oscar Petri fueron considerados coautores y partícipe necesario -respectivamente- del delito de “secuestro extorsivo, agravado por ser la víctima una persona discapacitada, por la cantidad de intervinientes” En el caso de Petri, los delitos se agravan por haber sido cometidos por un agente de una fuerza de seguridad. Además, se los señaló como responsables del “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda” y “lesiones leves”. 

El secuestro

Cerca de la medianoche del 14 de abril pasado, un joven de 27 años fue interceptado cuando salía de su trabajo. Alrededor de las 6 de la mañana, los captores se comunicaron con la familia de la víctima, desde su celular, y le solicitaron, primero, un pago de 200 mil dólares a cambio de la liberación. Ante esta situación, los familiares presentaron la denuncia en la Comisaría Segunda de Gálvez. En ese momento, se activó un operativo que incluyó escuchas directas mientras el fiscal y el personal de la delegación Santa Fe de la Policía Federal se trasladó hacia esa ciudad.

El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado en San Lorenzo, a unos 20 kilómetros de Rosario y a casi 150 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Durante esas horas, los hombres se mantuvieron en contacto con la familia y le pidieron después 5 millones de pesos a modo de rescate, el cual no fue abonado. 

Cabe destacar que, en el marco del suceso relatado, los captores le sustrajeron a la víctima varias de sus pertenencias: una mochila azul, teléfono celular, una billetera y 2000 pesos. “Asimismo amenazaron y agredieron constantemente a la víctima activa, a quien le propinaron golpes en su cuerpo, provocándole lesiones leves, consistentes en contusión facial, herida cortante en labio superior e inferior y equimosis en ambos antebrazos y pierna derecha”, se describió en el requerimiento de la Fiscalía.

Tras la liberación, y luego de una serie de operativos en los que se secuestró un auto marca Ford Focus color gris que se presume fue el utilizado durante el secuestro, se detuvo a los dos hermanos, que fueron procesados por haber “sustraído, retenido y ocultado” al joven para cobrar el rescate.

La investigación continuó y, a pedido de la fiscalía, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina pudo establecer que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los teléfonos de los dos procesados en la causa y que pertenecía al hombre que trabaja en el Ejército Argentino.

Tanto del análisis de los registros telefónicos como de las filmaciones de una cámara de seguridad y de la investigación llevada adelante por la PFA, se pudo corroborar que ese hombre está casado con la hermana de los dos señalados por el secuestro. La mujer poseía una vivienda en la localidad de Andino, provincia de Santa Fe, cuyas características coincidían con las relatadas por la víctima en el expediente.

Cabe resaltar que el joven damnificado estuvo presente en el allanamiento realizado en el lugar y reconoció una serie de objetos y sectores. A ello se le sumó el hallazgo en el lugar de cautiverio de un portaequipajes que pertenecería al vehículo Ford Focus utilizado por los hermanos para trasladar a la víctima hasta ese inmueble.

En el requerimiento, se señaló que el teléfono de Petri había interactuado el día del hecho en varias ocasiones con los dos celulares de los Quevedo. Además, se tomó en cuenta que durante la mañana del 14 de abril el celular del empleado del Ejército se ubicó entre las 09:27 y hasta las 11:23 en la localidad de Andino, en la provincia de Santa Fe. En ese mismo lugar estuvo posicionado el celular entre la 01:38 y las 11:29 el abonado de uno de los hermanos procesados. A ello se le sumó que, al estudiar los listados de comunicaciones de teléfono del agente civil, se advirtió que también había estado en esa localidad días previos al hecho investigado.

Por otro parte, se obtuvieron los registros de las cámaras de seguridad del municipio de Andino: allí, un dispositivo detectó que a la 01:05:19, un vehículo de similares características al utilizado por los captores ingresó a la vivienda. Luego, durante la mañana, un auto marca Renault, modelo Sandero Stepway, realizó el mismo recorrido que el otro vehículo. El Sandero es propiedad de la esposa de Petri, que figura como autorizado a conducirlo. 

Las evidencias y la calificación

“Se ha comprobado durante la investigación, conforme la gran cantidad de elementos probatorios obtenidos y descriptos en el punto precedente, que los imputados Martín Quevedo y Franco Quevedo, fueron quienes sustrajeron a la víctima la madrugada del día 14/04/2023, interceptándolo en la vía publica y metiéndolo dentro del rodado utilizado para trasladarlo al lugar elegido, aportado por Petri, para la retención, sitio donde permaneció oculto durante toda esa noche hasta el medio de esa 14/04/2023, para durante ese lapso, mantener diversas conversaciones con los padres de la víctima activa exigiendo un pago de un rescate, pago que no logró materializarse, habiéndose producido luego liberación de la víctima”, se repasó en el requerimiento de elevación a juicio.

El fiscal Onel valoró particularmente el hallazgo de los portaequipajes del vehículo Ford Focus utilizado por los procesados Quevedo para trasladar a la víctima. “En las filmaciones obtenidas se observa dicho elemento colocado en el rodado al momento de los hechos, el cual fue luego removido y resguardo en el lugar de cautiverio, habiendo permanecido en dicha propiedad durante más de un mes, elemento que de ninguna manera pudo haber desconocido o ignorado el imputado Petri, quien lo habría recibido y mantenido en el inmueble durante 45 días, posiblemente con el fin de impedir la individualización del rodado Ford Focus aludido, y con ello, el descubrimiento de la participación de los nombrados”, explicó.

Además de explicar los alcances de la calificación por el secuestro extorsivo, el representante del MPF puntualizó que la víctima padece una discapacidad denominada “Síndrome de Kabuki”, que se acreditó con el correspondiente certificado de discapacidad.

 “Con respecto a la agravante referida a la participación en el hecho de tres o más personas, la misma se encuentra acreditada en torno a la intervención, como hemos explicado, de tres personas, las cuales desarrollaron diversas acciones y aportes dentro del plan común que desplegaron para llevar adelante el delito de secuestro extorsivo”, indicó. Por último, recordó que Petri al momento de los hechos integraba una fuerza de seguridad “por lo cual el reproche a su accionar debe ser aún mayor”.