La Sala I de la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar a la apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal y determinó que debe continuar la investigación de un presunto caso de trata de personas y de matrimonio forzado que tendría como víctima a una joven de 15 años, porque consideró que el cierre de la investigación es prematuro. En el mismo sentido, ordenó “especial celeridad en el progreso de las actuaciones, dando intervención a los organismos especializados correspondientes a la materia”.

El Juzgado Federal de Santa Rosa había resuelto que no había delito sobre el cual proceder, debido a que entendió que no podía corroborarse que la adolescente había sido forzada a contraer matrimonio. El fiscal federal Leonel Gomez Barbella, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), apeló la resolución y el fiscal subrogante ante aquella cámara, Horacio Azzollin, mantuvo y fundó el recurso.

En el fallo revocatorio, la camarista Silvia Fariña y el camarista Roberto Amabile hicieron lugar al pedido realizado por los representantes del MPF. Fariña destacó la necesidad de profundizar la investigación e indagar en ciertos indicadores que se desglosan del testimonio que brindó la joven con el equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia del Área Trata de la Policía de La Pampa. Por su parte, Amabile sostuvo que durante el poco tiempo que duró la investigación, ni el Ministerio Público Fiscal ni el Ministerio Pupilar fueron consultados por parte del juzgado para ofrecer su postura y para proponer las medidas que estimaran conducentes para la causa.

Por otra parte, con respecto al argumento de que el comportamiento investigado responde a las pautas culturales de la comunidad gitana que integra la joven, Amabile sostuvo que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación. En especial, en el caso del matrimonio infantil –en el que al menos uno de los contrayentes tiene menos de 18 años–, dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.

Los hechos

La causa se inició el 12 de mayo de este año cuando una asistente social de la Posta Sanitaria del barrio Río Atuel de Santa Rosa denunció ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa que, en ocasión de sus funciones, había tomado contacto con una joven de quince años, integrante de la comunidad gitana, que le había manifestado muy angustiada que había mantenido relaciones sexuales con un hombre mayor de edad, ajeno a su comunidad. La joven dijo que tenía miedo que ante dicha situación su padre la obligara a casarse sin su consentimiento con alguien de su mismo grupo.

Al constituirse en el domicilio de la adolescente para continuar con su asistencia, su madre manifestó que la joven ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad gitana y que no podía hacer nada porque eso era parte de sus tradiciones familiares.

En función de ello y con la denuncia realizada, se ordenó el allanamiento del domicilio donde se encontraba la niña para rescatarla y para que el equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia del Área Trata de la Policía de La Pampa pudiera entrevistarla para indagar sobre su situación. De esa entrevista, el equipo remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y social – cultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato, riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.

Por ello aconsejó la necesidad de un proyecto de trabajo colectivo por parte de las instituciones barriales -salud, educación, cultura, justicia, municipio- que hagan posible el “revisionismo y adaptación cultural” al contexto del ejercicio de deberes y derechos humanos en la comunidad gitana.

En tanto, la licenciada en Trabajo Social que atendió a la adolescente también elaboró un informe de su intervención, en el que expresó que la joven desconocía sus derechos y que se encontraba presionada por los mandatos de la comunidad.