La investigación que culminó con la detención de siete personas presuntamente dedicadas a realizar secuestros virtuales se originó con la intervención de la Fiscalía Descentralizada de La Boca, a cargo de Susana Calleja, a partir de la presentación de una víctima, quien el 6 de febrero denunció la maniobra. Como en un principio se trató de un hecho con autor no individualizado, la pesquisa quedó en manos del Ministerio Público. Una de las primeras medidas impulsadas por la Fiscalía fue analizar los datos que surgían de las llamadas realizadas por los victimarios; con esa información se solicitaron los listados y se establecieron los lugares desde donde fueron realizadas, y luego su intervención. La diligencia fue autorizada por el juez de Instrucción N°14, Ricardo Farías, y llevada a la práctica por la División Antisecuestros de la Policía Federal.

A través de las escuchas -que duraron alrededor de dos meses- fueron identificados al menos otros tres hechos con la misma modalidad y que no habían sido denunciados. En una misma presentación, Calleja le solicitó al juez la detención e indagatoria de los siete imputados y una serie de allanamientos, medidas que fueron llevadas a cabo el lunes 5 de mayo.

Las declaraciones fueron recibidas por el Juzgado al día siguiente de las detenciones, y hasta el momento resta que se resuelva su situación procesal. Además, podrían ser enviados a analizar varios teléfonos celulares que fueron secuestrados durante los allanamientos, para recabar información sobre otros posibles hechos.