Todo en uno. Así se resolvió un caso iniciado a raíz de un procedimiento realizado por personal de Gendarmería Nacional en la localidad de General Pizarro, en el sur de la provincia de Salta, tras detener al conductor de un automóvil que llevaba 750 paquetes de cigarrillos sin la documentación correspondiente.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento agravado e infracción al Código Aduanero. La Fiscalía de Flagrancia de la Unidad Fiscal solicitó una audiencia de formalización de investigación, el miércoles pasado.

Atento a ello, la Oficina Judicial de Salta fijó la audiencia para el lunes pasado, oportunidad en la cual el fiscal Carlos Amad formalizó la investigación respecto de un hombre por el delito de contrabando agravado frente al juez federal de Garantías 1, Julio Bavio.

En la presentación del caso, Amad explicó que el 16 de noviembre pasado, alrededor de las 14.30, el acusado fue detenido por gendarmes del Escuadrón Las Lajitas, quienes realizaban un control de ruta. Al revisar el rodado descubrieron los paquetes de cigarrillos, tanto de fabricación nacional como internacional, valuados en 697 mil pesos. El fiscal consideró que con el accionar no sólo se infringieron normas establecidas en el Código Aduanero, sino también se incurrió en el delito de encubrimiento agravado, establecido en el artículo 277 del Código Penal con penas que van de seis meses a tres años de prisión.

En vista de ello, solicitó que quede formalizada la investigación por un período de 30 días, como así también requirió la producción de pruebas y la destrucción de los cigarrillos secuestrados. Al respecto, resaltó el grave daño a la salud de la mercadería secuestrada, oportunidad que dio cierta precisión de la calidad del tabaco utilizado por una reconocida marca paraguaya, la cual es parte del secuestro.

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Asimismo, señaló que la cantidad secuestrada supera ampliamente el tope delimitado por la reglamentación vigente. Por último, indicó que el acusado ya posee dos antecedentes por infracciones similares, que le acarrearon dos condenas. La defensa aceptó la formalización de la investigación y solicitó la aplicación de un proceso de juicio abreviado, a lo que el fiscal propuso una condena de un año y 8 meses de prisión por la magnitud del injusto, en razón de que el hombre posee dos condenas por contrabando menor.

La pena, de carácter condicional y con las inhabilitaciones por ley y las costas del proceso judicial, fue aceptada de inmediato por la defensa. No obstante, el juez de Garantías interrogó al acusado sobre el entendimiento de este acuerdo de las partes, que consentido por el sujeto.

Atento a ello, y en menos de una hora de audiencia, el magistrado dictó su veredicto e impuso la pena acordada.