En concordancia con lo solicitado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N°4, Daniel Pablovsky, el juez Alejandro Litvack sobreseyó a 34 activistas de Greenpeace que fueron detenidos el 27 de abril pasado, cuando protestaban por el cierre de la mina sanjuanina de Veladero, en la Plaza de Mayo.

Aquel día, en ocasión que la Plaza de Mayo se encontraba vallada por una manifestación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), un grupo de 34 personas que vestía remeras verdes con la leyenda “Macri cerrá Veladero. Greenpeace” traspasó las rejas y rodearon con un cordón humano el mástil central. Mientras tanto, dos de los activistas trepaban el mismo a fin de colocar una bandera con la misma leyenda.

El jefe policial a cargo del operativo de seguridad le solicitó al grupo que interrumpiera su accionar y que las dos personas que estaban trepadas descendieran. Al no obtener respuesta, se convocó a la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DUOCAD) para que los detuvieran.

Así se imputó a Emanuel Almirón, Guido Barsi, Fabiena Bellina, Marcos Belloni, Martín Bertolami, Agostina Boosch, María del Rosario Brítez, Emiliano José Castillo, Bruno Esteban Castro, María Magalí Costa, Sergio Domingo, Fernando Ariel Donato, Gerardo Daniel Fernández, Víctor Ignacio Fernández, María Paula Giacalone, Estefanía González del Fierro, Federico Ángel Iglesias, Aldana Martína López, Sofía Magalí López, Ayelén Andrea Maglia, Florencia Anabella Maglia, María Constanza Marghetich, Ayelén Molaro, Germán Morales, Martín Franco Alejandro Mussino Stauber, Esteban Darío Nocetti, Lucía Pach, Edgardo Daniel Ruso, Diego Gabriel Salas, Griselda Servidio, Carolina Laura Simone, Camila Speziale, Solange Vargas y Manuela Celeste Zalazar, por el delito de desobediencia a la autoridad (artículo 239 C.P.N.).

En su dictamen, el fiscal Pablovsky consideró debía considerarse atípica “la conducta desarrollada por los manifestantes, toda vez que si bien objetivamente, aunque hubiera sido legítima, no se habría acatado la orden policial de abandonar el sector de la plaza vedado al público, lo cierto es que el reclamo que pretendían manifestar los miembros de la agrupación Greenpeace era legítimo y pacífico, entendiendo que puestos en la balanza ambos preceptos deben privilegiarse el derecho de protesta y libre expresión consagrados en la Constitución Nacional”.

Agregó “que considerar lo contrario y avanzar con la presente contra los integrantes del gripo Greenpeace, detenidos en medio del ejercicio de su derecho de manifestación pacífica bajo el argumento de que violaron el artículo 239 del Código Penal podría transformar ese mecanismo es una forma de restringir el ejercicio del derecho de protesta y libre expresión”.

El juez Litvack adhirió a los argumentos del representante del Ministerio Público Fiscal y, el pasado 26 de agosto, sobreseyó a los treinta y cuatro activistas.