21 de febrero de 2024
21 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los funcionarios están acusados del delito de peculado durante su paso por la administración pública
Sobresueldos: Cavallo, María Julia y Granillo Ocampo hicieron su último descargo y el martes se conocerá el veredicto
El ex presidente Menem, también imputado, no quiso hacer manifestaciones. Los representantes del MPF habían pedido penas de hasta 6 años de prisión, tras encontrar probada la existencia de "un sistema clandestino de pago” a través de montos obtenidos de fondos reservados, lo que permitía su disposición en efectivo y no exigía rendición de cuentas.

Los ex ministros de Economía y Justicia durante las presidencias de Carlos Menem, Domingo Cavallo y Raúl Granillo Ocampo, respectivamente, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, hicieron hoy uso de las últimas palabras en el juicio por el presunto cobro de sobresueldos que comenzó en marzo de este año.

Antes de los ex funcionarios, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal y a la Oficina Anticorrupción (OA) una serie de planteos interpuestos por los abogados de los imputados, entre ellos la nulidad de un llamado a testimonial y luego a indagatoria de María Julia, en tanto que Granillo Ocampo había aducido que en la etapa de instrucción no se le informó la calificación legal de la conducta reprochada; Menem, por su parte, había cuestionado la intervención del juez Marcelo Martínez de Giorgi como subrogante en esa instancia y la conformación del equipo de fiscales que interviene en el debate, integrado por Diego Velasco, Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset, como ad hoc. García Elorrio señaló que esos planteos ya habían sido analizados o resueltos oportunamente y que correspondía rechazarlos, y añadió que los representantes del MPF fueron designados de forma legal y dentro de las atribuciones de la Procuración General de la Nación por la complejidad y extensión del caso. “Lo largo del debate lo demuestra”, graficó.

“Nunca supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo supiera, no lo habría hecho declarar en la DGI”, aseguró Cavallo. “Hasta el Congreso tenía partidas de la ley 18.302”, señaló sobre la ley -ya derogada- que indicaba el destino que se le podía dar a los fondos reservados, aunque indicó que “no tuvo fondos reservados a cargo en el ministerio”.

María Julia, por su parte, adujo “una persecución política al término de la gestión” y también manifestó desconocer “la ilicitud del hecho”.

El más breve en su exposición fue Granillo Ocampo, quien dijo ser “absolutamente inocente” y negó que se haya transferido dinero desde la cartera de Justicia a la ex Secretaría de Investigaciones del Estado (SIDE) o a otros organismos intermedios. Menem, mediante videoconferencia, rechazó tener algo que manifestar.

Durante sus alegatos, la fiscalía había solicitado que Menem sea condenado a 6 años de prisión, Cavallo a 5 y Granillo Ocampo y María Julia a 4, tras encontrar probado “un sistema clandestino de pago” a través de montos obtenidos de fondos reservados, lo que permitía su disposición en efectivo y no exigía rendición de cuentas. Para eso, se habrían aumentado tanto las partidas como el número de dependencias autorizadas para percibir los fondos reservados, originalmente previstos para cuestiones de seguridad nacional. Una vez conformado el monto, era retirado en la Secretaría General de la Presidencia, hasta 1994, y luego de la Jefatura de Gabinete de Ministros o del quinto piso del Ministerio de Economía. Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron también el modo en que los funcionarios públicos percibían el dinero: primero 100 mil pesos/dólares para los ministros de más alto rango y luego 50 mil; 40 mil y 20 mil después en el caso de secretarios de estado, siempre dentro de un sobre. Las sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los haberes mensuales reales de los funcionarios, sin ningún tipo de registro.

El Tribunal Oral Federal N°4 fijó el martes próximo -1° de diciembre- como fecha para la realización de la última audiencia, tras la que dará a conocer su veredicto.