16 de abril de 2024
16 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Menem, Cavallo, Granillo Ocampo y María Julia están entre los acusados
Sobresueldos: los alegatos comenzarán el 8 de septiembre
Para esa jornada, se prevé que la querella de la Oficina Anticorrupción realice su exposición, en tanto que los representantes del Ministerio Público Fiscal lo harían el 15 de septiembre. Ayer, declararon los últimos testigos.

El juicio oral por el supuesto pago de sobresueldos durante las presidencias de Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1999 se acerca al final, luego de que ayer declararan los últimos testigos. Para la audiencia de la semana próxima, está prevista la ampliación de las declaraciones indagatorias de algunos de los imputados: los acusados que adelantaron que harán uso de ese derecho son los ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo; la secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray; el subsecretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa José Torzillo, y el coordinador del ministerio de Justicia José Coronel.

Tras esa jornada, comenzará la etapa de alegatos. El 8 de septiembre, lo haría la querellante Oficina Anticorrupción (OA), en tanto que para el 15 de ese mes está programada la exposición del equipo del Ministerio Público Fiscal, integrado por Stella Maris Scandura, Diego Velasco, Juan Patricio García Elorrio y Juan Manuel Gaset. Los restantes acusados son el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares) y Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales). El proceso se encuentra suspendido para el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, por no encontrarse en condiciones para asistir a las audiencias.

En el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4, que comenzó en marzo de este año, se busca dilucidar si los imputados implementaron y ejecutaron un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica. El delito que se les atribuye es peculado, que tiene penas de entre dos y diez años de prisión. Las sumas utilizadas para los sobresueldos habrían sido obtenidas de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados, cuyo régimen especial permitía la disposición del dinero en efectivo.