El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, Leonel Gómez Barbella, solicitó el jueves pasado el procesamiento de tres hombres y una mujer imputados por realizar estafas entre enero y junio de 2022 a través de una sociedad creada para la compraventa de automotores, a la que las hasta ahora doce víctimas identificadas les giraron cifras de hasta 8 millones de pesos para adquirir vehículos que nunca fueron entregados. Los montos totales de estas maniobras ascienden a 46.912.080 pesos y 47.550 dólares.
La solicitud del Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de la dirección de la investigación del caso, es el resultado de la profundización de la pesquisa que siguió a la falta de mérito que dictó respecto de las personas imputadas la titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 29, Carina Rodríguez, el 23 de octubre de 2023.
La fiscalía marcó que las diligencias realizadas permitieron determinar que las conductas de las personas imputadas encuadran en el delito de estafa y no en meros incumplimientos contractuales “producto de la realidad económica del país y del mercado”, pese a sus esfuerzos por evitarlos, como habían esgrimido en su defensa al momento de prestar declaración indagatoria.
Al respecto, el fiscal puso de relieve que el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 31, que interviene en el proceso abierto por el concurso preventivo de la firma, entendió que en el caso “objetivamente las constancias reseñadas se contraponen con la tutela de los bienes jurídicos protegidos por el concurso preventivo y justifican la existencia de razones de suficiente entidad para conjeturar una eventual utilización de este régimen de excepción para un fin distinto del perseguido por la ley”.
En efecto, a raíz de la incorporación de las constancias del proceso comercial, el fiscal además requirió que se convoque a las personas imputadas a ampliar la declaración indagatoria por el delito de quiebra fraudulenta.
El caso
De acuerdo con la imputación, H.M.E.F., S.N.E.F., E.G.S. y A.B.R. conformaron una sociedad bajo el nombre “Motors Latinoamérica SA” que se presentó como una firma dedicada a la compraventa de automotores, con la que lograron engañar al menos a doce víctimas identificadas en el caso.
La fiscalía sostuvo que, a través de esa fachada, los acusados provocaron que las víctimas les giraran dinero para adquirir vehículos que nunca recibieron, ni tampoco les fueron restituidas las sumas entregadas.
La sociedad anónima fue constituida por dos de los acusados el 28 de junio de 2021 e inscripta en la Inspección General de Justicia. El 11 de marzo de 2022, durante la realización de una asamblea general ordinaria unánime, aquellos imputados renunciaron a sus cargos y fueron designados en sus lugares los otros dos.
Entre tanto, de enero a junio de 2022 los damnificados entregaron dinero a la empresa bajo la creencia —fundada en un acuerdo— de que iban a adquirir un vehículo.
De acuerdo con la imputación, las víctimas pactaron la entrega de vehículos como Ford Territory SEL, Toyota Hilux, Ford Maverick, Mercedes Benz Sprinter y también de camiones. En todos los casos, los clientes abonaron montos de entre 5 y 8 millones de pesos en efectivo, en pesos y en dólares, y también mediante transferencias a una cuenta corriente del Banco Francés de titularidad de “Motors Latinoamerica S.A.". Algunos clientes incluso ofrecieron vehículos de su propiedad como parte de pago.
La fiscalía precisó que, tras recibir las sumas pactadas, los acusados comenzaron con excusas dilatorias para no entregar los automóviles comprometidos, entre ellas que el local se encontraba cerrado temporalmente por reformas. Finalmente, en junio de 2022 los imputados dejaron de responder los correos electrónicos y los llamados telefónicos de las víctimas y, sin brindar explicación alguna, abandonaron el local sin haber entregado ningún automóvil, ni tampoco devolver las sumas de dinero que habían recibido.
En 2023 se les recibió declaración indagatoria a los cuatro acusados. La fiscalía remarcó que “ninguno de los imputados negó los sucesos endilgados, sino que únicamente se limitaron a sostener -según sus versiones- que lo sucedido fue producto de la realidad económica del país y del mercado”.
En octubre de ese año, la jueza Rodríguez dispuso su falta de mérito, pues consideró pertinente contar con la totalidad del expediente que tramita en el fuero comercial para dilucidar si efectivamente se trató de una serie de maniobras defraudatorias o de incumplimientos contractuales.