16 de abril de 2024
16 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la Fiscalía General Nº 2
Solicitaron cuatro años y medio de prisión para un comisario acusado de cobrar extensiones de servicio que no se realizaban
El MPF consideró acreditado que un ex jefe de la Policía Científica de la PFA forzaba a sus subalternos a firmar planillas de recargos de servicios que no se ejecutaban, con el fin de apropiarse esos pagos.

El titular de la Fiscalía General Nº 2, Abel Córdoba, y la fiscal auxiliar de esa dependencia, María Laura Grigera, le solicitaron ayer al Tribunal Oral Federal Nº1 una pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ex jefe de la División de Análisis Legal de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA), Oscar Romero, a quien encontraron responsable del delitos de defraudación contra la administración pública por administración infiel. Además, el Ministerio Público Fiscal pidió que se le aplique una multa de 90 mil pesos.

En la acusación, el MPF consideró acreditado que el ex jefe policial montó un mecanismo ilegal mediante el cual se apropió de dinero en efectivo, durante tres años, a través de la liquidación de horas extras de personal subalterno en la fuerza policial sobre tareas extras que nunca fueron realizadas.

En este marco, la acusación señaló que el imputado forzó al menos a tres agentes a su cargo a firmar a nombre propio los datos ingresados en las planillas de recargo de servicios requeridas por la institución policial, para que fuesen aprobado los pagos por tareas que nunca habían ejecutado. Los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2003 y el mismo mes del año 2006.

El MPF consideró acreditado que el ex jefe policial montó un mecanismo ilegal mediante el cual se apropió de dinero en efectivo durante tres años.

El alegato

En su exposición, Córdoba repasó la acusación y la carga probatoria acumulada durante el proceso y explicó que Romero “montó un sistema a partir del cual, conforme la partida presupuestaria que se le asignó a la división, simuló la realización del recargo de servicio por parte del personal subalterno”.  Además, detalló que para ello el acusado habría forzado "a llenar las planillas del recargo de servicio a empleados subalternos mediante amenazas y la utilización de su superioridad jerárquica”. En este mismo sentido, sostuvo que el accionar implicó “un desprecio por todas las normas y las obligaciones que tenía como funcionario público”.  Asimismo, se refirió al “trato violento y cruel” que dispensaba sobre sus subordinados, que calificó como “un desprecio de la condición humana” y recordó el testimonio que narró cómo Romero impidió que un subordinado pudiera acceder a atención medica en una situación de emergencia.

Para el fiscal general, el acusado habría forzado "a llenar las planillas del recargo de servicio a empleados subalternos mediante amenazas y la utilización de su superioridad jerárquica”

El MPF rebatió también la argumentación esgrimida por la defensa, que sostuvo que la acusación en su contra se debía a un complot de sus subalternos, estrategia que definió como una “hipótesis absurda e insostenible”. Durante las audiencias de debate prestaron declaración testimonial los entonces subordinados, que brindaron versiones contestes que desmintieron la defensa de Romero.

Por su parte, Grigera sintetizó el contenido de las planillas y la documentación, en cotejo con la prueba testimonial del debate, y concluyó que existió un perjuicio patrimonial concreto que, más allá de las cifras apropiadas entonces, se correspondería a montos actualizados por una suma cercana a los 690.000 pesos. Esa valoración se sumó a las consideraciones efectuadas por el Fiscal General, en cuanto a que los delitos cometidos contra la administración pública generan un daño que trasciende lo patrimonial y afecta al bien común.