El Tribunal Oral Federal Nº1 dio inicio la semana pasada al juicio a un Comisario retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) acusado por presunto fraude contra la administración pública, falsificación de documentos y coacción. La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y los planteos preliminares. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal general Abel Córdoba, a cargo de la Fiscalía General Nº 2.

El imputado Oscar Romero se desempeñó como Jefe de la División de Análisis Legal de la Superintendencia de Policía Científica  de la PFA. Se le imputa haber organizado un esquema mediante el cual percibió dinero en efectivo -$116.065 - a través de la liquidación de recargos de servicios -horas extras- por parte del personal a su cargo, respecto de tareas que en verdad no fueron realizadas.

En el marco de esta maniobra, el acusado habría obligado a tres subalternos a firmar a nombre propio los datos ingresados en las planillas de recargo de servicios requeridas por la institución para su aprobación, luego de lo cual se presentaron mes a mes, desde noviembre de 2003 al mismo mes del año 2006 por ante la Oficina de Administración de la PFA, donde cobraron los importes en dinero en efectivo provenientes de tal concepto.

La primera audiencia del juicio

La defensa de Romero solicitó a los magistrados que se declare la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y, en consecuencia, se proceda al sobreseimiento. El Ministerio Público de la Defensa argumentó, entre varias otras cuestiones, que el documento de primera instancia no es claro y que las formulaciones de las imputaciones son genéricas. Al momento de responder, el fiscal general afirmó que están las condiciones dadas para el comienzo del debate y que los planteos efectuados por la defensa no eran de aquellos admitidos por las normas procesales como cuestiones previas al juicio.

Asimismo, el MPF explicó que la pieza procesal atacada era válida y que en materia de nulidades, resulta imprescindible distinguir con claridad los planteos que tienden a cuestionar la validez de actos de aquellos que en realidad apuntan a otros cuestionamientos más próximos al desacuerdo o descontento con la acusación, pero no se vinculan concretamente con la vulneración de garantías fundamentales. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes.