Ferando Gelvez, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Rawson, alegó esta tarde en la causa en la que se investigan prácticas de inteligencia ilegal cometidas en la base Almirante Zar de la Armada Argentina contra periodistas y dirigentes políticos de la localidad de Trelew, en el año 2006. El entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Jorge Godoy, y el ex subjefe de fuerza Benito Rotolo están acusados de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

El representante del Ministerio Público presentó sus argumento ante el juez Sebastian Casanello, quien está a cargo del debate oral y público. Gelvez  manifestó: “Se trató de una práctica con una sistematicidad, sensibilidad política y envergadura que definitivamente no podía ser llevada a cabo sin el conocimiento de sus jefes máximos.” Para el fiscal, la actividad de inteligencia ilegal era practicada en forma rutinaria por diferentes órganos de inteligencia de la fuerza.

Gelvez explicó que tanto Godoy como Rotolo son autores materiales de los ilícitos porque cometieron los hechos “con su propia mano”. Además, sostuvo que quedó acreditado que los imputados determinaron la forma en que se “materializaron los hechos que ocurrían bajo su órbita,  circunstancia que les otorgó el dominio de la acción”.

Por otra parte, el fiscal se refirió a los pasos que componen el ciclo de inteligencia, mencionados por distintos testigos: “Que alguno de ellos no se hayan realizado, no quiere decir que el delito no se haya cometido, toda vez que al menos los primeros de ellos, la orientación de lo necesario, la colecta informativa, su procesamiento y la transmisión a los comandantes superiores se realizó”.

"Tal actividad ilícita fue ordenada por la superioridad, la reflejan los reiterados testimonios, en tanto la actividad de inteligencia de una fuerza armada no es espontánea, ni por cuenta propia, exige un requerimiento previo, autorizado, fundado y es responsabilidad del comando”, concluyó.

El representante del Ministerio Público acusó a Jorge Godoy y a Benito Rotolo como autores del delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de un funcionario público. En este sentido, solicitó la pena de dos años de prisión, para ambos, de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, con accesorios legales y costas.

También, pidió que a Benito Rotolo se le impongan cuatro años, la obligación de realizar estudios de los derechos humanos y/o fundamentales de nuestro bloque constitucional (Constitución Nacional e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional) y su vinculación con la potestad del Estado Argentino respecto de ellos y de sus restricciones para no afectarlos. Así también, que lleven adelante tareas comunitarias en favor del Estado o de instituciones de bien público. Por último, solicitó que, en caso que el juez Casanello condene a los imputados, se comunique lo resuelto a la Presidencia de la Nación.

Por la mañana, también alegó la querella representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y también le solicitaron dos años de prisión de efectivo cumplimiento para Godoy y dos años en suspenso para Rotolo.