El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº2, solicitó ayer elevar a juicio oral y público una causa contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito. En el pedido del fiscal federal, también se encuentran imputadas varias personas más que integrarían el “círculo cercano”  del ex funcionario público. Todos ellos habrían colaborado para “disimular el enriquecimiento ilícito”, que según el representante del MPF, ascendería a 12 millones y medio de pesos.

Rívolo imputó al ex funcionario por haberse enriquecido patrimonialmente “de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejerció el cargo público de Secretario de Transporte de la Nación, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, y los dos años posteriores del denominado ‘período de sospecha’, mediante las operaciones de compraventa de bienes” y con la colaboración de varias personas cercanas a él.

Según el requerimiento de elevación presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, el ex funcionario público, “su entorno íntimo y el de Silvia Elena Reyss, su consumo anual declarado, el cual disminuyó considerablemente a partir del año 2003 en que Jaime asumió el cargo de Secretario de Transporte de la Nación, confrontado con el incremento apreciable que ha tenido su patrimonio y costo de vida, arroja como resultado que su patrimonio develado se ha incrementado injustificadamente y superado de forma ponderable sus ingresos legítimos, por un monto que contablemente se ha estimado superior a los doce millones y medio de pesos ($12.500.000)”.

El representante del MPF sostuvo que de la  prueba analizada, más precisamente, de la información recolectada de los peritajes contables respecto del patrimonio de los imputados en la causa, se ha demostrado que Jaime y casi una quincena de personas -entre familiares y allegados-, no presentaban un respaldo económico suficiente para “afrontar los gastos que efectuaron”. En ese sentido, explicó que “las complejas triangulaciones de personas -físicas y jurídicas” se realizaron “con la finalidad de disimular el incremento patrimonial apreciable e injustificado” del entonces funcionario público, que no podía aparecer como el titular registral de los bienes adquiridos. Según el fiscal federal se comprobó, también, que existieron personas –cercanas a Jaime- que colaboraron para “disimular su enriquecimiento ilícito.”

En el pedido de elevación a juicio, el fiscal federal indicó además que de los diferentes elementos de prueba colectados, tales como declaraciones testimoniales, documentos e informes de distintas entidades financieras, reparticiones estatales y sociedades, se pudo determinar que ese círculo de personas –integrado por el hermano, la pareja y las hijas de ella, entre otras- registraron “un incremento apreciable de sus bienes, gran cantidad de viajes vía aérea al interior y exterior del país abonados con dinero en efectivo, constitución de numerosas sociedades, etc”. Autos de alta gama, un yate, una aeronave y casi una decena de inmuebles fueron algunos de los bienes adquiridos, además de dinero en efectivo incautado en un allanamiento y participación en empresas.

¿Cómo surgió la causa?

El expediente se inició a raíz  de la extracción de testimonios ordenada por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3, en el marco de la causa que tramitaba en su dependencia bajo la carátula “N.N. s/Enriquecimiento ilícito”. En dicho expediente, Ricardo Monner Sans había formulado una denuncia a partir de un artículo  periodístico del diario “Crítica de la Argentina” del 27 de julio de 2008, el cual daba cuenta que diversos funcionarios públicos -entre los cuales se  encontraba Ricardo Raúl Jaime- “registraban un llamativo incremento patrimonial que ameritaba ser investigado”.

Así fue como la pesquisa se concentró en dilucidar si Jaime registró un incremento patrimonial en relación con sus ingresos, a partir de su nombramiento en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal  Inversión Pública y Servicios de la Nación  en mayo de 2003, hasta los dos años posteriores a su renuncia definitiva al cargo en julio de 2009, según el denominado “período de sospecha “que prevé  el art. 268 (2) del Código Penal.