La medida también alcanza a otras veinte personas. En la causa se investiga un complejo mecanismo de reciclaje de activos, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, bajo la apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud. Según la fiscalía “los fondos habían sido sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública vial de Santa Cruz, los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, lo que obstruyó para siempre su trazabilidad”. En el marco de la investigación realizada por el representante del MPF en la causa por asociación ilícita y defraudación en obras viales adjudicadas en Santa Cruz, elevada a juicio oral el año pasado