El fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº10, solicitó al  titular del Juzgado Federal Nº6, Rodolfo Canicoba Corral, que no prescriba una causa contra María Julia Alsogaray y que se decrete el procesamiento de la ex ex secretaria y de otros seis funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación, por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.

Alsogaray está acusada de haber formado parte de un fraude contra el Estado por 12 millones de pesos, de los cuales se habrían aportado cinco millones a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, otros cuatro millones vía de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y cerca de tres millones se habrían canalizado por medio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, está acusada de haber beneficiado a determinadas empresas contratadas para llevar a cabo las Cuartas Conferencias de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático.

Iglesias explicó las razones por las cuales no debía prescribir la causa y consideró que la maniobra comenzó con la contratación de las firmas para realizar las jornadas. Si bien el último pago fue concretado el 13 de diciembre de 1999, el fiscal resaltó que el plazo de duración del proyecto se extendió hasta el 31 de diciembre de ese año. Por esa razón, solicitó que se considere el cómputo del plazo de la prescripción la última fecha.

Alsogaray ejerció el cargo de titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable hasta el 31 de diciembre de 1999. En tanto, Carlos Noguera desempeñó varios cargos públicos hasta el año 2013, como así también lo hicieron los imputados, Carlos Okretic, Marcelo Biasutto, Santiago Bignoli. El fiscal entendió que el plazo de prescripción se encontraba suspendido hasta noviembre de 2013, cuando los imputados abandonaron la función pública.

La defraudación se produjo en el marco de la organización del evento que se realizó entre el 2 y el 13 de noviembre de 1998. Los funcionarios aprobaron un proyecto de asistencia técnica, lo que permitió que la organización se desarrollara en un marco normativo más flexible, de menos exigencia formal y posibilidad de control. Gracias a esas excepciones, se benefició a determinados contratistas y se generó un gasto de $12.763.709 soportado por el Estado Nacional en su mayor porcentaje.

La Comisión organizadora estuvo conformada por María Julia Alsogary, como presidenta (para ese momento se encontraban como secretaria de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable); en carácter de directora nacional del proyecto Mabel Behal; como coordinador a Marín Gastelú; como presidente del comité de contratos a Santiago Bignoli, y a Carlos Noguera, Carlos Okretic y Marcelo Biasutto, como miembros del comité.