El titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n°2, Emilio Guerberoff, solicitó que se investigue a los máximos responsables del “Grupo 23”, entre ellos Sergio Szpolski, por presuntas infracciones a la ley penal tributaria. La presentación del representante del Ministerio Público Fiscal toma como base una denuncia originada en la AFIP respecto a posibles maniobras de retención de tributos y aportes de sus empleados en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social. Tras el correspondiente sorteo, las actuaciones recayeron en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n°7, a cargo de Juan Pedro Galván Greenway.

De acuerdo al organismo recaudador, el dinero desviado era en su mayor parte el retenido a los empleados en relación de dependencia y, en menor medida, se efectuaba la misma operatoria respecto a las retenciones del Impuesto a las Ganancias.  “Así, los importes no ingresaban al Fisco en los plazos establecidos a tal efecto, incluso en los casos en que con posterioridad fueron incluidos en planes de facilidades de pagos, la mayoría de los cuales no se encontraban vigentes a la fecha”, señaló Guerberoff.

La denuncia del organismo tributario apuntó a las autoridades de mayor jerarquía en las distintas empresas que conforman el Grupo 23, entre las cuales enumera a: Milke S.A.; Manfla S.A., BAE Negocios S.A.; Comunidad Virtual S.A.; Desup S.A.; Balkbrug S.A.; Soluciones Logísticas S.A.; Windwest S.A.; Vorterix S.A.; FEG Entretenimientos S.A.; Infofin S.A.; Orleix S.A.; Flaux S.A.; Conourbano Online S.A.; Perio Mundo S.A.;  Manucorp S.A; Poligráfica Del Plata S.A. y Milione S.A..

Así las cosas, además de Sergio Szpolski, Guerberoff imputó a Roberto Oscar Flores; Antonio Ciuffo; Ignacio Conde, Toribia Páez; Luisa Cuschnir; Alberto Aspani; Ricardo Pace, Mario Pergolini y Alejandro Olmos.

Calificación legal y medidas de prueba

En su requerimiento de instrucción, el fiscal encuadró los hechos analizados en posibles violaciones al régimen penal tributario, concretamente a los artículos 6 (apropiación indebida de tributos) y 9 (apropiación indebida de recursos de la seguridad social) de la ley 24.769. Asimismo, solicitó una batería de medidas a los efectos de corroborar las maniobras investigadas.